Al menos 13 líderes del crimen organizado que fueron enviados a Estados Unidos durante el 2025 y 2026 solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su intervención en la asistencia consular y que sean repatriados.
Marco Antonio Avilés, abogado de estos sujetos, acusó al gobierno de México de haber permitido «intervencionismo» por parte de Estados Unidos al haber enviado a sus clientes sin llevar a cabo el proceso de extradición.
«La entrega de las 92 personas que estaban detenidas aquí en México fue la punta de lanza, el iceberg, de permitir que Estados Unidos haya intervenido en México de forma arbitraria e ilegal, brincando cualquier tipo de procedimiento legal o causa legal contemplado en tratados internacionales, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos», dijo.
Avilés acusó que el Instituto de Mexicanos en el Exterior, que estuvo encabezado por Tatiana Clouthier durante el periodo en que fueron llevados al vecino del norte, no dio asistencia jurídica a los presuntos líderes criminales y que la comunicación hacia México es nula en muchos de los casos.
«Las personas en Estados Unidos para este momento no cuentan con los derechos que deben contar si hubiera dado esa asistencia consular», reprochó.
De acuerdo con el abogado, sus clientes tienen limitados sus derechos al no poder recibir visitas y que a sus familiares les hayan negado las visas o se las revocaran.
«No se les permite, como a cualquier residente en las cárceles de Estados Unidos, hacer videollamadas o llamadas ordinarias porque, según esto, ellos están en un régimen de excepción precisamente porque fueron llevados como narcoterroristas», explicó.
Cabe recordar que el gobierno de México entregó a 92 líderes criminales en tres diferentes vaijes entre 2025 y 2026; entre los enviados destacan Rafael Caro Quintero, Miguel Treviño Morales y su hermano Omar Treviño Morales —alias el «Z-40» y «Z-42», respectivamente—.
