Rusia anunció el miércoles restricciones parciales a las llamadas de voz en WhatsApp y Telegram, en un nuevo paso para someter a mayor control el ecosistema digital del país. El regulador de comunicaciones, Roskomnadzor, sostuvo que la medida es necesaria para perseguir delitos y prevenir actos violentos.
La autoridad argumentó que los mensajeros “se han convertido en los principales servicios de voz utilizados para el fraude y la extorsión, y para involucrar a ciudadanos rusos en actividades subversivas y terroristas”. La limitación, por ahora, no afecta el envío de mensajes, pero sí interfiere de forma significativa en la experiencia de llamada, especialmente en WhatsApp, según reportes iniciales. Ni Meta (propietaria de WhatsApp) ni Telegram ofrecieron de inmediato comentarios.
El movimiento se inscribe en una campaña de “soberanía digital” que el Kremlin ha acelerado desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Además de bloquear o restringir plataformas no alineadas, las autoridades han endurecido sanciones por “extremismo” en línea y han promovido un mensajero estatal para reemplazar a servicios extranjeros. En julio, funcionarios destacaron el impulso de una app nacional integrada con servicios públicos; medios locales señalaron que su adopción podría ser obligatoria en dispositivos vendidos en Rusia.
Las restricciones a las llamadas llegan tras meses de debate interno. A finales de 2024, medios rusos y ucranianos informaron que el Gobierno consideraba prohibiciones amplias para el tráfico de voz en mensajeros, con el argumento de combatir estafas telefónicas y la captación para ataques. En 2025, Roskomnadzor comenzó a insinuar medidas técnicas para limitar estos servicios, en paralelo a discusiones con operadores móviles y a un refuerzo del cerco a las VPN.
La presión sobre plataformas de mensajería no es nueva. Moscú intentó bloquear Telegram en 2018 por su negativa a entregar claves de cifrado; tras dos años de una prohibición ampliamente burlada por los usuarios, el veto fue levantado en 2020, cuando el regulador dijo que la empresa había mostrado “voluntad” de cooperar contra el terrorismo. Aun así, la disputa dejó un precedente de choques entre el Estado y servicios de comunicación cifrada que hoy vuelve a primer plano. AP News
La ofensiva regulatoria se ha extendido a redes sociales. En 2022, un tribunal de Moscú declaró a Meta “organización extremista”, lo que supuso el bloqueo de Facebook e Instagram en territorio ruso. Desde entonces, el ecosistema informativo en el país se ha estrechado de manera constante, con cierres, filtros y nuevas tipificaciones penales sobre contenidos “prohibidos”. Organizaciones de derechos digitales alertan que estas medidas consolidan una arquitectura de vigilancia y censura más robusta.
En el caso de las llamadas en mensajeros, el Gobierno sostiene que solo busca forzar el cumplimiento local y la cooperación con investigaciones de fraude y terrorismo. Sin embargo, expertos consultados por medios internacionales advierten que la restricción también persigue empujar a los usuarios hacia soluciones bajo control estatal, dificultar el cifrado de extremo a extremo y reducir la superficie de comunicación no supervisada. De momento, Roskomnadzor ha indicado que las limitaciones se mantendrán “mientras no haya cumplimiento” por parte de WhatsApp y Telegram.
