El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró la imposición de los aranceles del 25% ordenados por el presidente Donald Trump a la mayoría de las importaciones procedentes de Brasil y dijo que la medida responde a que el gobierno que preside Luiz Inácio Lula da Silva no ha negociado «de buena fe» con Washington.
En un mensaje publicado en la red social X, Rubio aseguró que Trump ordenó al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) aplicar los gravámenes y sostuvo que «no debe haber confusión» sobre el motivo de la medida. Según dijo, Lula ha antepuesto «su propio ego» durante el último año en lugar de alcanzar un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño.
El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó además que las políticas económicas del mandatario brasileño son «malas para los estadounidenses y malas para los brasileños» y responsabilizó al gobierno de Brasil de no haber logrado un entendimiento comercial con Estados Unidos.
«Que no haya confusión sobre el porqué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con Estados Unidos de buena fe», escribió.
Las declaraciones de Rubio se producen después de que la administración Trump anunciara la imposición de un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas, una medida que eleva la tensión comercial entre Washington y Brasilia.
El embajador y representante comercial de Estados , Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.
Según dijo Greer, las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no lograron resolver las diferencias, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la puerta para continuar el diálogo.
Greer acusó además a Brasil de perjudicar a empresas tecnológicas estadounidenses, de retroceder en la aplicación de medidas anticorrupción y de permitir que agricultores brasileños obtengan ventajas competitivas mediante el uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, ha dificultado el acceso de trabajadores, productores y exportadores estadounidenses al mercado brasileño.
La investigación incluyó consultas formales con el gobierno de Brasil, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos presentados por particulares y organizaciones.
Además, 77 testigos comparecieron en las audiencias celebradas este mes antes de que la administración Trump adoptara la medida definitiva.
