La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena) planteó reformar la Ley de Migración con el objeto de establecer que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debe coadyuvar en las actividades de localización de personas migrantes nacionales o extranjeras.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis, busca adicionar el artículo 30 Bis a dicho ordenamiento legal para señalar que corresponde a dicha Comisión “coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes nacionales y/o extranjeras en el país, independientemente de su situación migratoria en los términos que establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.
En la exposición de motivos, cita que quienes viajan solos se enfrentan a situaciones difíciles, ya que, en la mayoría de los casos no tienen manera de comunicarse con sus familiares; además, para los extranjeros la situación se complica porque no existen condiciones para que sus parientes puedan ingresar al país y reportar la desaparición de una persona.
Apunta que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación sólo concentra datos oficiales, el trabajo de la sociedad civil organizada permite dimensionar la realidad a la que nos enfrentamos.
Ejemplo de ello, agrega Carrasco Godínez, el Servicio Jesuita a Migrantes informa que atendió mil 280 casos de personas desaparecidas y no localizadas de 2007 a 2022; mientras que el Movimiento Migrante Centroamericano calcula haber atendido a cerca de 80 mil casos.
Comenta que México es en un país de origen, tránsito y destino; no obstante, en los último cinco años se ha dado un flujo importante de manera masiva conocido como ‘caravanas’. En el 2020, el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial de migrantes internacionales. Asimismo, “el año 2022 presentó el mayor número de eventos de personas en situación migratoria irregular jamás registrado, superando las cifras récord registradas en 2021”.
Agrega que la mayoría de quienes ingresan a México provienen de Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Ecuador. Destaca que en las caravanas viajan mujeres, niños, personas discapacitadas y personas mayores, que son población vulnerable ante la delincuencia organizada, y en el caso de las mujeres, corren el riesgo de ser secuestradas por las redes de trata sexual.
Comenta que las personas irregulares y los grupos del crimen organizado por lo general interactúan de dos formas: para facilitar el trayecto de éstos o para victimizarlos en el camino. Así, los migrantes pueden cooperar voluntariamente con los grupos del crimen organizado contratando ‘coyotes’, pagando una cierta cuota o trabajando para estos grupos durante su trayecto; además, se enfrentan al robo, extorsión, secuestro y trata.
Ante ello, la propuesta de la diputada Carrasco Godínez refiere que, sin importar la nacionalidad y estatus migratorio, es importante buscarlos y localizarlos porque ser migrante no es un delito, sino un sinónimo de derecho.
