Para que la Secretaría de Turismo (Sectur) promueva programas que garanticen la seguridad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad y prevengan la trata, el diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) impulsa una iniciativa.
La propuesta de reforma a la Ley General de Turismo, turnada a la Comisión de Turismo para su análisis, también estipula que la Sectur deberá implementar sistemas para la verificación de la identidad de las y los usuarios y sus acompañantes, de servicios turísticos y de hotelería.
Especifica que tratándose de personas cuya edad no rebase los 18 años, corresponderá presentar documento oficial que acredite el parentesco, y “de no existir parentesco, se deberá presentar autorización expresa para fungir como responsable, emitida por madre, padre o tutor”.
El diputado Castañeda González refiere que estas adecuaciones normativas permitirán un marco legal más sólido y efectivo en torno a la seguridad de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, usuarios de servicios de hotelería y hospedaje, además de que evitará la trata de personas.
Agrega que, ante este fenómeno, México que se encuentra en una posición crítica como país de origen, tránsito y destino para las víctimas de este delito; por ello, es necesario implementar acciones legislativas que prevengan y combatan este tipo de infracciones que causan un impacto social devastador.
En este sentido, agregó que la propuesta se centra en la obligación que se impondría a los prestadores de servicios de hospedaje, de requerir documentos que verifiquen el parentesco entre adultos y menores cuando los pequeños sean acompañados a sus instalaciones.
“Esta medida tiene un propósito claro y crítico: reducir las oportunidades para la perpetración de estos delitos en lugares como hoteles, moteles y establecimientos similares, incluyendo aquellos que, para tal efecto, son puestos a disposición en el mercado por medios digitales y que lamentablemente continúan siendo escenarios frecuentes para la trata de personas y otros delitos similares”, expone el legislador.
Resalta que el beneficio de esta iniciativa es proporcionar un marco legal más sólido y efectivo para prevenir y combatir estos delitos, especialmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad, así como proteger la libertad, integridad y dignidad de estos individuos que están en constante riesgo de ser víctimas de la trata de personas, un negocio ilícito que genera 32 mil millones de dólares al año, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo.
De igual manera, la UNICEF reveló que aproximadamente el 28 por ciento de las víctimas identificadas de la trata de personas a nivel mundial son niñas y niños, por lo que es urgente establecer medidas enérgicas y efectivas.
Esta estadística también reveló que en América Latina aproximadamente 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral, lo que pone de manifiesto un aspecto particularmente alarmante de la trata de personas en esta región.
