Los gobernadores de todas las entidades del país, incluidas aquellas bajo el gobierno de la oposición, enviaron una solicitud a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, instándola a mantener la prisión preventiva oficiosa.
A través de una carta firmada por los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expresaron su posición en calidad de “Amicus Curiae” con respecto a la próxima resolución del máximo tribunal sobre la prisión preventiva oficiosa.
En el comunicado, los gobernadores enfatizan la necesidad de preservar la supremacía constitucional frente a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró inconvencional esta medida cautelar.
Argumentan que esto es vital para evitar la vulneración de la Carta Magna y para prevenir un impacto negativo en la seguridad pública, así como para garantizar la culminación adecuada de procesos penales relacionados con delitos de alto impacto.
Además, señalan la posibilidad de un colapso en los tribunales federales si se ven obligados a revisar cada solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Los gobernadores sostienen que esta medida es fundamental para combatir el crimen, asegurar un proceso penal adecuado, proteger a las víctimas y lograr que los responsables sean llevados ante la justicia y reparen los daños causados por el delito.
Finalmente, hacen un llamado respetuoso a la SCJN para que considere sus argumentos, ya que esta decisión afectará directamente la seguridad y gobernabilidad del país y de las entidades federativas.
