Una nueva directiva de la autoridad electoral en Venezuela, con mayoría del gobernante chavismo, fue nombrada este jueves por el Parlamento con vistas a los comicios presidenciales de 2024, en los que el mandatario socialista Nicolás Maduro aspirará a un tercer período de seis años.
Figura entre los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) el contralor Elvis Amoroso, funcionario que inhabilitó a líderes opositores como María Corina Machado o Henrique Capriles para ocupar cargos públicos, según la lista aprobada en la Asamblea Nacional. Tres tienen nexos con el oficialismo.
“¿Juran realizar de forma impecable (…) los próximos comicios de singular importancia que se realizarán en los años 2024 y 2025? Si así lo hicieren, que Dios y la patria, que sus hijas y sus hijos, os lo premien, en caso contrario os lo demanden. Quedan ustedes investidos como rectoras y rectores”, dijo el presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, al juramentar a los elegidos para conformar el CNE.
Aún sin fecha fijada, las elecciones presidenciales están previstas para 2024 y las de gobernadores y alcaldes para 2025.
El contralor es acompañado en la directiva del CNE por Rosalba Gil, Carlos Quintero, Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino.
Los tres primeros son vinculados con el chavismo por la prensa, mientras que a Nogal y Delpino los relacionan con la oposición. Se espera que el viernes la directiva escoja al presidente del órgano.
“Auyentar el voto”
Amoroso, de 60 años, fue diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y se desempeñaba como contralor general desde 2017. Desde ese cargo inhabilitó a una larga lista de dirigentes de la oposición, impidiéndoles participar en elecciones, en medidas que han sido rechazadas por Estados Unidos y la Unión Europea por considerar que violan “derechos políticos básicos“.
Entre ellos Machado y Capriles, quienes están entre los postulados a la primaria del 22 de octubre en la que la oposición busca un candidato que enfrente a Maduro el próximo año.
Freddy Superlano, aspirante que sustituyó a Juan Guaidó cuando este huyó de Venezuela, está igualmente inhabilitado.
La ley faculta a la Contraloría a inhabilitar a funcionarios por la vía administrativa, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
La nueva designación ha provocado rechazo entre líderes opositores. Capriles reaccionó en la red social X, antes Twitter, acusando al gobierno de Maduro de intentar fomentar la abstención.
“Quiere ahuyentar el voto, intentará sacarnos de la ruta electoral y distraernos del objetivo que une a todos los venezolanos: dejar atrás al peor Gobierno de la historia de nuestro país”, indicó el precandidato.
“Este Consejo Nacional Electoral es producto del más amplio consenso que se ha dado (…), cuenta con el apoyo de de las grandes mayorías”, celebró en contraste el presidente del Parlamento.
Gil, en tanto, se desempeñaba hasta ahora como secretaria del oficialista Parlamento, al tiempo que Quintero había renunciado recientemente como rector suplente.
En junio, los rectores dimitieron en pleno en lo que la oposición denunció como una maniobra contra sus primarias.
Nogal es militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo, del gobernador del petrolero estado Zulia, Manuel Rosales; y Delpino tiene relación con Acción Democrática, una de las organizaciones políticas de mayor tradición en Venezuela.
Negociaciones
El tema de las inhabilitaciones fue punto álgido en las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición en México, en pro de acuerdos que permitiesen a los inhabilitados postularse, pero las conversaciones llevan meses congeladas.
Las inhabilitaciones envían un “mensaje opuesto” a “elecciones libres y justas“, criticó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, recordando que la Casa Blanca ha mostrado disposición a levantar progresivamente sus sanciones contra Venezuela si hay avances hacia comicios presidenciales “limpios”.
Washington desconoce la reelección de Maduro en 2018, después de que el grueso de la oposición denunciara “un fraude“.
“Las mal llamadas sanciones (…) son ilegales, son ilegítimas y son criminales”, apuntó este jueves Rodríguez ante informes de prensa de una reactivada negociación con la Casa Blanca.
