La discusión sobre el impacto de las políticas internas mexicanas en el crimen organizado tomó nueva fuerza tras las declaraciones del exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Mark T. Esper. El exfuncionario afirmó que ciertas decisiones regulatorias dentro del país influyen directamente en la estructura operativa de los grupos delictivos con presencia en ambos lados de la frontera.
En su análisis publicado en USA Today, Esper sostuvo que “la mayor amenaza reside en las leyes y políticas inconsistentes”, una referencia a marcos normativos que, en su opinión, permiten actividades ilícitas y alimentan la capacidad financiera de organizaciones criminales. Su postura colocó el debate en un plano regional al insistir en que la seguridad fronteriza se define por decisiones adoptadas dentro de México y por la forma en que estas cierran o abren espacios al delito.
El exsecretario expuso que la estrategia estadounidense mantiene como prioridad reducir la influencia operativa de grupos delictivos que actúan en ambos países. “La seguridad regional exige acción y responsabilidad compartidas por nuestros socios”, declaró, al subrayar que la cooperación bilateral requiere un alcance más amplio y medidas congruentes para enfrentar al crimen transnacional.
Entre sus ejemplos, Esper destacó el caso de los vapeadores y señaló que la prohibición total en México modificó el mercado y desplazó su distribución hacia circuitos ilegales. “La prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”, afirmó. El exfuncionario evitó pronunciarse sobre los argumentos sanitarios del gobierno mexicano y se enfocó en los efectos económicos que —según dijo— los grupos criminales aprovecharon.
Esper también mencionó que el gobierno de Claudia Sheinbaum participa en extradiciones, despliegues de personal y coordinación con autoridades estadounidenses. Consideró estas acciones como avances, aunque advirtió que los factores estructurales que permiten el crecimiento del crimen organizado permanecen sin modificación.
El exsecretario cerró con un llamado a replantear la cooperación regional. “La cooperación no puede detenerse en el intercambio de inteligencia”, señaló, al plantear que México necesita decisiones internas más definidas para limitar el margen de operación de organizaciones delictivas, mientras Estados Unidos mantiene apoyo y exige medidas concretas.
