- Funcionario se autovalida títulos y cédulas profesionales desde el corazón de la institución encargada de garantizar la legalidad académica en México
Ciudad de México, a 14 de octubre de 2025.- Bajo la administración del secretario de Educación Pública Mario Delgado Carrillo, la Dirección General de Profesiones (DGP) se ha convertido en el epicentro de un escándalo que exhibe conflicto de interés, uso indebido de funciones y corrupción institucional, encabezado por Israel Jerónimo López, actual director de Autorización y Registro Profesional, ante la omisión del titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina.
Desde la dependencia que tiene la responsabilidad de regularlos, surgen evidencias documentales que revelan un patrón de irregularidades que incluye uso de títulos no registrados, cédulas obtenidas en orden inverso a los estudios cursados y gestionado de sus propios registros.
En su Constancia de Situación Profesional, Jerónimo López aparece con un grado de Maestría fechado en 2002 y un grado de Licenciatura en 2004, un orden cronológicamente imposible y, a pesar de ello, el funcionario que también fue subsecretario de Educación Media Superior en el Estado de México, ha mantenido ambos títulos como válidos y simultáneos, sin que la SEP haya iniciado investigación alguna por estas irregularidades.
Aún más grave: en documentos oficiales del Gobierno del Estado de México fechados el 22 de septiembre de 2022, el funcionario firmó como “Dr. Israel Jerónimo López”, cuando se desempeñaba como subsecretario de Educación Media Superior. Sin embargo, el portal oficial de la SEP indica que su Doctorado en Educación (cédula 14084392) fue expedido hasta abril de 2024, dos años después de haberse ostentado con ese grado.
El hecho no es menor: la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional prohíbe expresamente el uso o ejercicio de títulos profesionales sin contar con la cédula respectiva. Su firma en documentos públicos como “Doctor” en 2022 constituye, por tanto, una violación legal que vulnera la confianza institucional en la función pública.
Las irregularidades no terminan ahí.
Las cédulas de maestría y doctorado del funcionario fueron emitidas precisamente por el área de Autorización y Registro Profesional, la misma que él mismo encabeza desde el 16 de febrero de 2024 (https://acortar.link/n7bjk4). Ambas cédulas fueron expedidas en abril de 2024, y de forma igualmente irregular: primero la de doctorado (4 de abril) y luego la de maestría (11 de abril).
El documento de titulación ni siquiera precisa la fecha en que obtuvo su grado en el Centro Universitario México – España, institución que ha sido señalada en otros casos por expedir títulos en periodos académicos inusualmente breves.
Este escenario configura un claro conflicto de interés, al haber gestionado sus credenciales dentro de la misma estructura jerárquica encargada de validarlas. En términos prácticos, el funcionario autorizó o facilitó la validación de sus propios documentos, lo que contraviene los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas.
Las cédulas profesionales de Jerónimo López fueron emitidas justo cuando ya ocupaba el cargo de director de Autorización y Registro Profesional, lo que refuerza la sospecha de autobeneficio institucional porque las fechas lo delatan.
Además, su currículum oficial publicado en el portal de la SEP (https://acortar.link/CoEqFD) presenta inconsistencias adicionales, pues afirma tener un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, distinto al doctorado en Educación que figura en el registro de cédulas.
El caso plantea un desafío directo al secretario Mario Delgado Carrillo, y el titular de la DGP, José Omar Sánchez Molina, quienes permanecen en silencio ante estas evidencias y deberán esclarecer cómo es posible que, desde una oficina bajo su mando, se hayan manipulado tiempos, grados y procesos académicos en beneficio del propio funcionario a cargo, consolidando una cultura de impunidad y opacidad dentro de una de las áreas más sensibles de la educación pública mexicana.
Estas irregularidades, de confirmarse, podrían constituir un acto de corrupción administrativa y violación de la legalidad en una de las áreas más sensibles de la educación pública: la que certifica la autenticidad de los títulos en México.
Asimismo, durante la gestión de Israel Jerónimo López, diversas instituciones de educación superior han denunciado trato desigual, presiones indebidas y bloqueos administrativos, ya que mientras algunas universidades han reportado amenazas de suspensión del Módulo Electrónico de Títulos (MET) por supuestos incumplimientos técnicos, otras habrían recibido trámites exprés y facilidades irregulares, lo que acarrea consecuencias directas que afectan a miles de estudiantes cuyos títulos permanecen retenidos o en revisión indefinida, generando retrasos en su incorporación laboral y profesional, mientras que otros que hablaron en derecho de audiencia con él, tienen todas las facilidades.
La sociedad mexicana merece una explicación inmediata y una investigación independiente. No puede seguir al frente de la legalidad profesional quien ha manipulado sus propios registros.
