El próximo martes 18 de agosto, los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezados por el epidemiólogo Ruy López Ridaura, definirá la licitación DAS-CAI-B-GCSS-SPPM-106018-26-2, un contrato multimillonario de casi 2 mil millones de pesos para el suministro integral de medicamentos en 61 localidades del país correspondientes a los ejercicios #2026 y #2027. Lo que está en juego, por segunda vez dado que la primera licitación fue declarada desierta, no es cosa menor, pues representa garantizar la entrega de medicamentos a trabajadores, jubilados y toda la familia petrolera.
El concurso no se reduce a la simple compra de cajas de pastillas, sino pone a prueba -una vez más- la credibilidad de los funcionarios responsables de la licitación para que tomen la mejor decisión y propuesta, que beneficie a Pemex y a todos los derechohabientes con un servicio de calidad.
Entre las propuestas recibidas, destaca la de Operadora Comercial del Palmito SA de CV, de José Luis Mendoza Zazueta, Joel Alberto Jacobo Moreno y Jesús Axel Rojas González, que ofertó por los servicios en 17 localidades -entre #Manzanillo y #Zacatecas hasta #Culiacán y #NuevoLaredo-, pero la compañía arrastra el antecedente más incómodo en la memoria reciente de las compras públicas de la petrolera. A principios de 2023, la firma se embolsó un contrato por adjudicación directa superior a los 220 millones de pesos para surtir fármacos, pese a que su objeto social la encasillaba con un giro tan ajeno a la medicina como la venta de artículos de papelería y oficina.
El contraste político más polémico lo aporta Farmacias El Fénix del Centro SA de CV, que compite en una propuesta conjunta flanqueada por Grupo Médico Comedem y Farmacias de Valor (FarmaValue). Los hermanos Xavier y Gerardo González Zirión encabezan este esfuerzo con un árbol genealógico que cruza los pasillos del poder y del corporativismo farmacéutico: son sobrinos de Víctor González Torres, el conocido «Dr. Simi», y primos hermanos de Jorge Emilio González Martínez, el histórico «Niño Verde» del Partido Verde Ecologista de México, sin omitir los chispazos electorales del propio Xavier en la arena política capitalina.
No obstante, el apellido familiar no los exime de tropiezos con la legalidad; en 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó y multó a esta misma razón social tras comprobarse que falseó firmas y documentos de una supuesta representación legal en un concurso de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Las viejas mañas de la falsificación documental pesan como una losa sobre su pretendida modernización corporativa; pese a ello, el consorcio ofertó por cinco localidades, entre ellas: #Querétaro, #Mérida, #Xalapa, #TierraBlanca y #TuxtlaGutiérrez.
Otra propuesta es la de Distribuidora Médica y Hospitalaria Quiroz, fundada en Aguascalientes por los hermanos Guillermo, Alejandro y Arturo Quiroz Mosqueda, esta compañía ha optado por un perfil bajo. Al margen de los grandes escándalos mediáticos, los reflectores de la SFP o las alertas sanitarias de Cofepris, los Quiroz han construido un férreo nicho regional de proveeduría médica. Su apuesta por 13 subpartidas -incluyendo plazas complejas como #León, #Pachuca y su natal #Aguascalientes- descansa en una operación de corte tradicional, donde la discreción parece ser el escudo ante un mercado caracterizado por las zancadillas y la polvareda política.
Completa el cuadro la persona física Sebastián Guadalupe Chapa Hernández. Desde #CiudadVictoria, este empresario y operador de Farmacia San Sebastián compite de manera directa por su terruño con la experiencia de haber surtido puntualmente a los subsistemas de salud de la propia Pemex en el noreste del país. Sin manchas de inhabilitación a cuestas, su figura representa el eslabón local que resiste el embate de los grandes corporativos nacionales.
Por su parte, Comercializadora MAF SA de CV, omitió presentar su propuesta o anexo C, por lo que no sería evaluada por los funcionarios: Leticia Rodríguez López – S.P.A. del Titular de la Subgerencia de Abastecimiento para Servicios de Salud; Ricardo Lara Cordero, Coordinador Especialista “B”; y Silvia Patricia Pérez Mcgregor – Coordinador “A” Especialidad Técnica.
La mesa está servida y el reloj avanza hacia el 18 de agosto. La decisión que tome el equipo de Ruy López Ridaura no solo medirá la capacidad técnica de la petrolera para garantizar el derecho a la salud de sus trabajadores, sino que revelará si el criterio institucional prioriza la sanidad de los expedientes comerciales o si se reciclan viejos vicios con nuevos contratos.
El martes -si no hay diferimiento- publicaremos los resultados de esta licitación.
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