Una investigación publicada por Reporte Índigo documentó que el Gobierno de Hidalgo comprometió más de 3 mil millones de pesos en recursos federalizados entre 2023 y 2026 mediante más de 2 mil contratos, en proyectos y adquisiciones para los que, hasta ahora, no existe información pública que permita acreditar los resultados obtenidos.
El análisis identifica que las erogaciones de mayor cuantía se concentraron durante 2024, principalmente en el sector salud. Entre los contratos sobresale la compra de equipo médico y de laboratorio para los Servicios de Salud de Hidalgo, adjudicada a Ingenia AG S.A. de C.V. por 252 millones 107 mil 906 pesos, así como un convenio por 176 millones 276 mil 13 pesos para concluir el Hospital General de Actopan, otorgado a Constructora y Promotora Satélite S.A. de C.V.
De acuerdo con el reportaje, el caso del Hospital Regional de Actopan refleja el mayor desembolso realizado en ese periodo. Desde el inicio del proyecto, en 2016, la obra ha atravesado distintas etapas, entre ellas su reconversión para la atención de pacientes con COVID-19 y una posterior reconstrucción. Solo entre 2023 y 2024 recibió al menos 346 millones 512 mil 872 pesos mediante dos contratos, aunque todavía no existe una fecha oficial para su apertura.
También señala que el nuevo hospital fue proyectado para brindar atención a más de 182 mil habitantes de siete comunidades del Valle del Mezquital. Sin embargo, refiere que ni las autoridades estatales ni las federales han informado cuándo comenzará a operar de manera formal.
Además, revisa la inversión realizada en infraestructura hidráulica. Entre los contratos analizados aparece la construcción de la línea de agua potable Mangas–Tezontepec de Aldama, en la comunidad de San Isidro Presas, por un monto de 26 millones 794 mil 810 pesos, asignado a Edochsa S.A. de C.V. durante 2025.
Mientras esas obras avanzaban, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales reportó la detección y clausura de más de 15 mil tomas clandestinas desde el inicio de la actual administración estatal. Además, la dependencia inició alrededor de 200 procedimientos legales relacionados con robo de agua, conexiones irregulares y daños a la infraestructura hidráulica.
Otro de los apartados aborda los contratos destinados a programas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes. Según la revisión de Reporte Índigo, la administración estatal celebró diversos convenios con personas físicas y algunos de ellos superaron los 50 millones de pesos para un solo beneficiario.
El reportaje también retoma observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión de la Cuenta Pública 2024. El órgano fiscalizador identificó posibles irregularidades por 582.9 millones de pesos en recursos federalizados, relacionadas con obras públicas, adquisición de medicamentos y pagos a contratistas sin la documentación de respaldo correspondiente.
Como contexto, añade que el estado registró un incremento en los delitos atribuidos a servidores públicos. Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y mayo de este año esos ilícitos crecieron 42 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que durante 2025 se contabilizaron 809 carpetas de investigación, la cifra más alta para este tipo de conductas en los últimos seis años.
