Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes se declararon «no culpables» este viernes ante la justicia de Estados Unidos, durante una comparecencia ante el juez Robert Levy en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.
Los fiscales estadounidenses confirmaron que ambos fueron «expulsados», no extraditados, a petición del gobierno mexicano. Además, señalaron que Caro Quintero, conocido como el «Narco de Narcos», enfrenta una posible pena de muerte.
Desde hace cuatro décadas, Estados Unidos solicitaba que Caro Quintero fuera llevado ante la justicia de ese país por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA que en 1985 operaba como policía encubierto en México.
Ambos permanecerán detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sus próximas audiencias se llevarán a cabo los días 25 y 26 de marzo.
Traslado de narcotraficantes a Estados Unidos, bajo Ley de Seguridad Nacional
Al mediodía de este viernes, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informaron en conferencia de prensa que los 29 narcotraficantes mexicanos fueron enviados a Estados Unidos en cumplimiento del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y del 89 de la Constitución.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que no se aplicó “ninguna ley de extradición”, sino que se trató de una respuesta a una solicitud de seguridad nacional de Estados Unidos.
“Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta”, indicó García Harfuch.
García Harfuch explicó que los 29 reos eran buscados por autoridades estadounidenses por delitos de alto impacto, como delincuencia organizada, tráfico de drogas, homicidio, secuestro y tráfico de armas, entre otros.
Asimismo, que el traslado se llevó a cabo tras una decisión conjunta del Gabinete de Seguridad y ante información sobre que existía riesgo de que algunos de los reclusos fueran liberados o retrasados sus procesos de extradición.
Señaló así que obedeció a un acto de autoridad sin precedentes, resultado de la política de seguridad del Gobierno de México.
