Autoridades mexicanas trabajan en la búsqueda de dos defensores de derechos humanos que desaparecieron el domingo en el oeste del país, informaron este jueves fuentes oficiales, que reportaron el hallazgo del vehículo baleado donde se transportaban los activistas.
Se trata del abogado Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz, profesor indígena, cuya desaparición fue condenada por la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Lagunes ha litigado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mientras que Díaz se ha opuesto a la explotación de una mina de hierro en el estado de Michoacán, en operación desde 1998, recordó la delegación de la ONU.
Ambos acudieron el domingo a una asamblea comunitaria en el municipio de Aquila, donde se localiza la mina, y al término avisaron a sus familiares que regresarían a casa, pero ya no se supo más de ellos, señaló la fiscalía de Michoacán en un comunicado.
Ese mismo día por la noche, la fiscalía del estado vecino de Colima recibió un reporte de “disparos de arma de fuego” en el Cerro de Ortega, donde la policía “localizó la camioneta en la que se desplazaban las víctimas, misma que presentaba impactos de arma de fuego”, añadió el reporte.
Su desaparición “busca generar temor en quienes defienden los derechos que reconoce la ley. No es aceptable que quienes defienden nuestros derechos tengan que hacerlo a costa de su libertad, su integridad o su vida”, afirmó en un comunicado la oficina del Alto Comisionado de la ONU.
La representación apuntó que uno de los activistas -a quien no identificó- tenía “medidas de protección del Estado que no lograron impedir su desaparición”.
México es considerado uno de los países más peligrosos para los activistas ambientales, causas que también defienden Lagunes y Díaz.
En 2021 ocupó el primer lugar en asesinatos de esos defensores, con 54 de los 200 casos reportados en el mundo ese año, según la organización Global Witness, basada en Londres.
Además, 19 activistas mexicanos fueron víctimas de desaparición forzada, de acuerdo con la oenegé, que señala de esta práctica a “funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados”.
“Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales”, añadió la organización en su informe Una década de resistencia, publicado en 2022.
