El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado una serie de protestas y paros laborales a nivel nacional con la publicación de una reforma que implica la eliminación de 13 fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta medida ha generado reacciones adversas entre los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, quienes se encuentran en desacuerdo con la extinción de dichos fondos.
El Diario Oficial de la Federación, en su edición del 27 de octubre, detalla el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señalando que a partir del 28 de octubre no podrán ser creados ni mantenidos fideicomisos adicionales al mencionado en dicha ley. Esta disposición también indica que los órganos del PJF que operan como fideicomisos deben coordinarse con las instituciones fiduciarias para extinguir aquellos fideicomisos que no se ajusten a la normativa en un plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor del decreto.
La aprobación de esta reforma por parte del Senado el 25 de octubre generó una controversia significativa. El presidente argumenta que estos fideicomisos sufragaban los privilegios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, senadores de la oposición y de Morena han manifestado su preocupación, sosteniendo que la eliminación de estos fondos tendrá un impacto directo en la pensión, vivienda, retiro y cobertura de salud de los trabajadores.
El Sindicato de Trabajadores del PJF anunció que algunos trabajadores de los órganos jurisdiccionales iniciaron un paro de labores como medida de protesta ante esta situación. El decreto firmado por el presidente explica que los recursos provenientes de los 13 fideicomisos eliminados se destinarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para programas alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta acción ha desencadenado un descontento significativo entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo que ha resultado en movilizaciones y paros laborales como una forma de resistencia ante la extinción de estos fideicomisos y el impacto que esta medida pueda tener en sus condiciones laborales y beneficios sociales.
