En México, tres millones de persona adultas mayores no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud, debido a que la tasa de actividad económica en este sector es apenas del 29 por ciento, de los cuales el 47% trabaja por cuenta propia, lo que les impide tener acceso a la seguridad social, lamentó la diputada Karina Rojo Pimentel.
En ese sentido, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) resaltó que este grupo va en aumento, pues en 1990 representaba el 6 por ciento de la población total, mientras que para 2020, ya son el 12%; es decir, en 30 años se duplicó el porcentaje.
Ante este panorama, la legisladora federal presentó una iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política, a fin de expedir una ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las personas adultas mayores.
“Estas estadísticas dejan de manifiesto la importancia de que las y los legisladores redoblemos esfuerzos para generar el marco jurídico necesario que garantice los derechos de este sector, pues es claro que la vulnerabilidad de esta población crece por la dificultad de encontrar un empleo, que provoca exclusión y rechazo social”, abundó.
Enfatizó la importancia de proteger los derechos de las personas adultas mayores y reconoció que en la materia existen diversos instrumentos legales; sin embargo, todavía quedan importantes problemáticas que deben resolverse, como son: pobreza, discriminación, falta de acceso a empleos e insuficiencia de pensiones.
“En la bancada del Partido del Trabajo estamos comprometidos con nuestro país y asumimos el reto de crear la legislación que atienda las necesidades y problemáticas de la población adulta mayor presente y futura”, concluyó.
