El abogado Ernesto Montero y el Colegio de Abogados de Tuxtepec alzaron la voz para denunciar lo que consideran un grave desequilibrio en el acceso a la justicia en la región de la Cuenca del Papaloapan, derivado de decisiones administrativas adoptadas por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
En un pronunciamiento público, señalaron que persisten condiciones de abandono institucional, rezago estructural y desigualdad procesal que afectan directamente a miles de personas usuarias del sistema judicial. A su juicio, estas deficiencias vulneran garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales, particularmente en comunidades alejadas de la capital.
Uno de los principales señalamientos se refiere al traslado repentino de jueces adscritos a los juzgados penales con sede en San Juan Bautista Tuxtepec hacia Ejutla de Crespo, medida que, aseguran, se ejecutó sin una planeación adecuada ni evaluación del impacto social. De acuerdo con los denunciantes, esta reubicación afectó de manera directa a víctimas, personas procesadas, defensores, operadores jurídicos y, de manera especial, a niñas y niños involucrados en procedimientos judiciales.
Sostienen que dicha decisión debilitó el principio de acceso efectivo a la justicia, al obligar a los ciudadanos a recorrer largas distancias para dar seguimiento a sus asuntos legales, incrementando costos, riesgos y tiempos de espera. Esta situación, afirman, profundiza la brecha territorial que históricamente ha limitado el ejercicio pleno de derechos en la región.
Ante este panorama, el Colegio de Abogados y Ernesto Montero demandan la restitución de los jueces que fueron removidos de manera injustificada, así como el establecimiento permanente de instancias administrativas y judiciales en Tuxtepec. Entre sus principales exigencias se encuentra la creación de un juzgado de Distrito, que permita garantizar presencia federal en la zona y fortalezca la tutela judicial efectiva.
De acuerdo con el documento, la falta de representación federal obliga actualmente a muchas personas a desplazarse a otras ciudades para realizar trámites o atender audiencias, lo que implica gastos elevados y, en algunos casos, riesgos para su integridad física.
El pronunciamiento también pone énfasis en el contexto cultural y social de Oaxaca, entidad caracterizada por la coexistencia de más de 16 pueblos originarios con lenguas, tradiciones y sistemas normativos propios. A pesar de esta diversidad, señalan que el sistema judicial permanece altamente centralizado en la capital del estado, donde se concentran las nueve salas del Tribunal Superior de Justicia.
Esta concentración, califican, resulta insensible frente a las realidades geográficas y sociales de la población. Detallan que en algunos casos los trayectos para acudir a una diligencia superan las 12 horas, lo que, sumado a condiciones climáticas adversas y precariedad en el transporte, ha derivado incluso en pérdidas humanas.
Como alternativa, el Colegio de Abogados propone avanzar hacia un modelo de justicia regionalizada mediante la instalación de salas del Tribunal Superior en distintas zonas del estado. Estas instancias funcionarían como extensiones del órgano central y permitirían resolver la mayoría de los asuntos sin necesidad de trasladarse a Oaxaca de Juárez.
Los promoventes aseguran que esta propuesta cuenta con sustento legal en el Decreto 99 del Congreso local y podría implementarse durante la reestructura prevista del Poder Judicial para 2027. Asimismo, plantean la conformación de salas unitarias integradas por siete magistrados en cada región, con personal capacitado en materia lingüística y cultural.
De manera paralela, proponen que ocho magistrados permanezcan en la capital del estado, organizados en salas colegiadas, para atender los casos de mayor complejidad jurídica y trascendencia social.
El documento también incluye una serie de solicitudes concretas dirigidas a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, entre ellas: la creación de una Sala Regional Unitaria Mixta con sede en Tuxtepec; el impulso institucional para establecer un Centro de Conciliación Laboral en la ciudad; la reconfiguración de juzgados civiles y mercantiles para incorporar materia laboral; la apertura de una oficina del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial; y la revisión del Acuerdo General 19/2025, que ordenó la concentración de causas en Ejutla de Crespo.
En su posicionamiento final, Ernesto Montero y el Colegio de Abogados subrayan que la proximidad geográfica entre tribunales y ciudadanía es un factor determinante para construir una justicia más humana, accesible y culturalmente pertinente. Advierten que las políticas de austeridad o ahorro presupuestal no pueden colocarse por encima de los derechos de víctimas, personas imputadas y menores de edad.
Con este llamado, reiteran la urgencia de corregir lo que consideran una profunda desigualdad procesal en Oaxaca, y exhortan a las autoridades judiciales a impulsar un modelo que garantice equidad, cercanía institucional y respeto a la diversidad social y cultural del estado.
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