El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de tipificar los delitos relacionados con la manipulación deportiva y apuestas y sancionar a quien altere o influya deliberadamente en el resultado, desarrollo o estadísticas de una competición deportiva profesional.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, incorpora un Capítulo III Quáter denominado “Delitos contra la integridad del deporte profesional”, y los artículos 390 Ter, 390 Quáter y 390 Quintus.
Establece que comete el delito de manipulación fraudulenta de eventos deportivos, quien por sí o por interpósita persona altere o influya deliberadamente en el resultado, desarrollo o estadísticas de una competición deportiva profesional, con el fin de obtener un beneficio económico directo o a través del sistemas de apuestas.
Este delito se castigará con pena de cuatro a diez años de prisión y multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y, en su caso, inhabilitación para ejercer cualquier cargo en instituciones deportivas hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.
Se sancionará con pena de tres a ocho años de prisión y multa hasta en tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien utilice información privilegiada de carácter deportivo para realizar o beneficiar apuestas; ofrezca, prometa o entregue dinero u otro beneficio a jugadores, entrenadores, árbitros o dirigentes para alterar el curso normal de un partido.
También, a quien a través de un club deportivo facilite operaciones para ocultar o encubrir el origen de los recursos derivados de apuestas ilegales o fraudes deportivos.
Las penas previstas en este capítulo se incrementarán en una mitad cuando las conductas se cometan por directivos, presidentes o propietarios de clubes deportivos, en torneos nacionales o internacionales o mediante casas de apuestas registradas.
En su exposición de motivos, señala que la creciente relación entre el deporte profesional y las casas de apuestas ha generado una amenaza real a la integridad de las competiciones deportivas en México, cuando los dueños de clubes deportivos tienen intereses financieros en casas de apuestas.
Además, cuando jugadores, árbitros o directivos participan directa o indirectamente en apuestas sobre sus propios partidos o equipos, pueden cometerse actos que afectan la integridad del deporte, el mercado financiero y la confianza pública.
Actualmente, la legislación penal mexicana impide sancionar adecuadamente conductas que, si bien atentan contra el espíritu del deporte, no se encuentran claramente tipificadas. Por ello, se requieren marcos legislativos, reglamentarios amplios y las herramientas correspondientes para combatir eficazmente la corrupción en todas sus formas.
Expone que desde 2021 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que en México no había legislación para penalizar la manipulación de las competencias deportivas, por lo que desde entonces se reconocía que era muy fácil que esta ocurriera.
Refiere que según el Informe Global sobre Corrupción en el Deporte preparado por la Subdivisión de Corrupción y Delitos Económicos (CEB), la manipulación de las competiciones se ha convertido en un problema importante. Las grandes transformaciones del deporte lo han hecho más vulnerable a este tipo de corrupción y los riesgos son cada vez más complejos.
El legislador asegura que sin sanciones penales específicas el deporte profesional seguirá expuesto a la manipulación, la corrupción y el fraude. “Esta reforma defiende el juego limpio y protege el valor ético del deporte frente a intereses económicos oscuros”.
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