A 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, integrantes de organizaciones indígenas y participantes en los diálogos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) señalaron que persisten omisiones legislativas, recortes presupuestales y una deuda histórica en materia de representación política, autonomía y territorio.
Durante el foro “Los Acuerdos de San Andrés, 30 años después: Pretensiones, avances, pendientes, exigencias”, impulsado por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena), Carlos de Jesús Alejandro, representante indígena, recordó que el 16 de febrero se cumplieron tres décadas de la firma de los acuerdos, “ por cierto, traicionados en ese momento por el Estado mexicano, al no aprobarse la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, mejor conocida como la Ley Cocopa”.
Recordó que la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas permitió detener la guerra y abrir espacios en las instituciones; sin embargo, la situación actual sigue igual. “Si la injusticia social para los pobres era grave en el 94, hoy en 2026 seguimos viviendo una situación también grave, la desigualdad, la inseguridad y la discriminación se han incrementado y yo diría que se han
Dijo que hay una omisión legislativa respecto a la ley reglamentaria derivada de la reforma constitucional de septiembre de 2024, cuyo plazo venció en marzo de 2025. “Este 17 de febrero se cumplen un año, cuatro meses y 17 días de esta omisión legislativa”.
En materia presupuestal, expuso que el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos sufrió recortes significativos en años anteriores, lo que ha limitado la incidencia institucional en las regiones indígenas. También alertó que sería grave que la ley reglamentaria se legitime mediante una consulta que no cumpla con los principios del consentimiento previo, libre e informado establecidos en instrumentos internacionales.
Por su parte, la socióloga Griselda Galicia subrayó que uno de los principales pendientes es el reconocimiento pleno de la identidad política de los pueblos indígenas y su participación efectiva en la toma de decisiones, porque “si tenemos más de 25 millones de personas que nos adscribimos indígenas y que nos reconocemos como indígenas, ¿por qué razón no tenemos en esa proporción la misma representación en el Congreso Federal?”.
Añadió que, pese a las acciones afirmativas, persisten prácticas de simulación en la representación legislativa. “Muchos de ellos sabemos claramente que siguen siendo cuotas de partido y que no representan los intereses de los pueblos indígenas”.
Asimismo, advirtió que mientras no exista acceso real al poder político, no habrá cambios estructurales en favor de las comunidades. “Si no tenemos acceso a la toma de decisiones, si no tenemos acceso a un poder político real, de verdad no vamos a poder hacer cambios que realmente generen el bienestar en nuestros pueblos. Esa es una transformación a medias y esa seguirá siendo la gran deuda de los pueblos indígenas”.
Desde la experiencia en los diálogos de San Andrés, Abelardo Torres Cortés recordó que los acuerdos implican una reforma profunda del marco constitucional, temas como autonomía, tierra, territorio, representación política y género enfrentaron fuertes resistencias.
“La cuestión de la autonomía, la cuestión de tierra y territorio, la cuestión de la representación política, la cuestión de género, pues estaban encorchetados ahí, difícil avanzar ahí en esa parte, sobre todo por la resistencia de los operadores del gobierno federal”, apuntó.
Reconoció los avances que representa la reforma constitucional de septiembre de 2024, pero los consideró insuficientes. “Sí tenemos que reconocer que hay varios avances en la reforma de septiembre de 2024, son varios avances, pero también tenemos que decir que son insuficientes”.
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