En el marco del Día Internacional de la Mujer, la iniciativa Mujeres Vivas, Mujeres Libres analizó, junto con expertas a nivel local, nacional y regional el momento que atraviesa México en cuanto a derechos reproductivos. Las expertas pusieron sobre la mesa tensiones clave como la voluntad política, la realidad cotidiana del acceso desigual a servicios de salud y los pendientes legislativos.
“Sabemos que el aborto es un hecho en México. Las mujeres y personas con capacidad de gestar abortan, lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. La pregunta no es si ocurre. La pregunta es si el Estado va a garantizar condiciones de dignidad, salud y justicia, o si va a seguir reproduciendo desigualdades y criminalización. Este no es un debate simbólico. Es un debate de derechos y salud pública”, subraya Aidé García Hernández, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir.
Hablar de aborto es prioridad
El aborto seguro también implica hablar de otros temas urgentes en la agenda pública, como la economía y la seguridad.
La maternidad forzada tiene consecuencias económicas inmediatas y de largo plazo para mujeres y familias en todo el país, especialmente para quienes viven en situación de pobreza. Obligar a continuar un embarazo limita decisiones educativas y laborales. Además, el Estado continúa destinando recursos a criminalizar decisiones de salud en un contexto de crisis de seguridad.
Angie Contreras, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, profundiza: “En ocho estados del país se investigan más presuntos casos de aborto que feminicidios. Cinco de esos estados —incluido Aguascalientes— ya lo han despenalizado parcialmente. Nuestra exigencia es que ser mujer no sea un motivo de riesgo en nuestro país; ni cuando salimos a la calle ni cuando tratamos de acceder a servicios de salud.”
El código postal no debe determinar la libertad
En México, el acceso al aborto sigue dependiendo del lugar donde se vive, de las condiciones socioeconómicas y de la posibilidad de trasladarse de un estado a otro, lo que genera realidades profundamente desiguales para niñas, adolescentes y mujeres.
Este contexto demuestra la necesidad de avanzar hacia marcos legales más consistentes que garanticen condiciones de acceso equitativas en todo el país y que, al mismo tiempo, eviten retrocesos y fortalezcan los estándares de protección de derechos en América Latina.
Lizeth Mejorada, vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres, destacó: “El aborto no es un debate abstracto ni simbólico. Importa porque mientras el aborto siga tratándose como delito, el acceso seguirá siendo desigual. Si la Ciudad de México es la ciudad de derechos, tiene que ser referencia sacando el aborto del Código Penal”.
El aborto debe dejar de ser un delito
El aborto es el único servicio de salud tipificado como delito. Esta tipificación marca la diferencia entre un derecho condicionado y un derecho garantizado. La criminalización genera un estigma que se traduce en miedo, silencio y barreras en los centros de salud.
El regular un servicio de salud se regula en el ámbito penal limita su acceso. Además, es una inconsistencia jurídica. Sacarlo del Código Penal no cambia solo el texto; cambia la forma en que el sistema trata a quienes buscan o brindan atención.
“México sigue avanzando significativamente en comparación con contextos donde hay retrocesos, pero consolidar ese liderazgo implica sacar el aborto del Código Penal. Lo que México logre en materia legislativa puede marcar un nuevo estándar de avanzada para la región” concluye Elida Caballero Cabrera, jefa de incidencia de Women’s Equality Center.
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