La solicitud de la sofipo Financiera Sustentable de México (Finsus) para transformarse en banco incluye documentación que evidencia vínculos operativos, financieros y personales con CIBanco, institución señalada por autoridades de Estados Unidos por riesgos en materia de lavado de dinero, de acuerdo con una columna del periodista Salvador García Soto publicada el 25 de marzo en El Universal.
Según el análisis basado en más de un centenar de páginas entregadas por la propia financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), existirían relaciones que contrastan con las declaraciones públicas de la empresa, que ha negado cualquier conexión con ese banco.
Entre los elementos señalados figura la participación de Norman Hagemeister Rey, accionista de Finsus, exdirectivo de CIBanco y familiar directo del presidente de esa institución, Jorge Rangel de Alba. De acuerdo con la información citada, la entidad Lusitano FG, que es conocida comercialmente como Onix Financiera y vinculada al entorno de CIBanco, le otorgó más de 60 créditos personales entre 2021 y 2024 por un monto superior a 2,500 millones de pesos.
La documentación también describe coincidencias en domicilios y estructuras operativas. Hagemeister tendría registrado el mismo domicilio que Lusitano FG, mientras que esta firma y Finsus operan desde la misma dirección en Insurgentes Sur 1458, piso 12, colonia Actipan, en la Ciudad de México. Además, al menos cinco integrantes propuestos para el consejo o la dirección del futuro banco habrían mantenido relaciones laborales o financieras con esa entidad.
Pese a ello, Lusitano FG no fue reportada como parte relacionada en los expedientes presentados ante la CNBV. Asimismo, se menciona que Rangel de Alba participó previamente en Finsus, aunque la compañía sostiene que dejó de ser accionista en enero de 2025.
El contexto se agrava por los antecedentes regulatorios de CIBanco. El 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) catalogó a esa institución como una entidad extranjera de “preocupación primaria” en lavado de dinero. Según esa dependencia, el banco habría prestado servicios que facilitaron operaciones vinculadas a organizaciones criminales como los cárteles de los Beltrán Leyva, Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
Entre los hechos mencionados se incluye la apertura en 2023 de una cuenta presuntamente utilizada para lavar 10 millones de dólares, así como transferencias realizadas entre 2021 y 2024 a compañías chinas proveedoras de precursores químicos para la producción de fentanilo.
En este escenario, analistas citados por el columnista consideran relevante que Finsus busque obtener licencia bancaria bajo supervisión de la CNBV con Hagemeister como principal accionista, especialmente tras el retiro de la licencia a CIBanco.
La empresa ha reiterado públicamente que no mantiene relación con dicha institución. En diciembre de 2025, su director general, Carlos Marmolejo, afirmó en un derecho de réplica que Finsus no tiene “vínculo operativo, financiero, corporativo ni de gobierno” con CIBanco y que Hagemeister dejó el consejo de ese banco en diciembre de 2022.
Asimismo, la compañía aseguró que la legisladora Patricia Armendáriz y su familia dejaron de participar en el capital entre 2022 y 2023, y que Rangel de Alba salió en enero de 2025, aunque no se habrían encontrado documentos públicos que acrediten esos movimientos.
El historial regulatorio de la sofipo también ha sido objeto de observación. Entre 2018 y 2025, la CNBV le impuso cerca de 40 sanciones por más de 15 millones de pesos, aproximadamente la mitad durante 2025, relacionadas con deficiencias en prevención de lavado de dinero, fallas en gobierno corporativo, incumplimientos informativos y omisiones contables.
De igual forma, el regulador detectó debilidades en controles internos y gestión de riesgos, así como irregularidades operativas, incluida la apertura de cuentas sin autorización. Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reporta 149 reclamaciones contra la entidad, con un incremento significativo entre 2021 y 2023.
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