En los últimos 15 años, Landsteiner Scientific y su filial, Landsteiner Pharma, se hicieron de 432 contratos públicos que suman más de 10 mil 400 millones de pesos
El conglomerado farmacéutico, Landsteiner Scientific, mantiene contratos con el gobierno federal, pese a que acumula más de 400 procedimiento legales, además de que fue declarada en concurso mercantil, reveló una investigación de Proceso.
En los últimos 15 años, Landsteiner Scientific y su empresa relacionada, Landsteiner Pharma, se hicieron de 432 contratos públicos que suman más de 10 mil 400 millones de pesos. Tan solo en lo que va de 2025, las adjudicaciones ya rebasan los 3 mil 500 millones de pesos, según datos de la plataforma Compras MX.
Una de las contrataciones más recientes se realizó en marzo pasado con Petróleos Mexicanos (Pemex), que firmó un acuerdo por 58 millones de pesos para la compra de medicamentos, material de curación y auxiliares de diagnóstico, con vigencia hasta diciembre de 2026.
La empresa pertenece a Miguel Antonio Granados Cervera, quien aparece como accionista en al menos 16 compañías, incluyendo Landsteiner Cannabis Health, Grupo Diabeclinics y Grupo Cannwell. Granados Cervera no cuenta con cédula profesional, pero figura como solicitante de al menos cinco patentes relacionadas con compuestos farmacéuticos y cosméticos.
En 2022, Landsteiner Scientific fue demandada por Grupo Zamberk y posteriormente declarada en concurso mercantil. En ese momento, enfrentaba deudas por más de 2 mil 800 millones de pesos con instituciones como Banorte, BBVA, Bancomext e Invex. Un año después, un juez federal aprobó un convenio que le permitió a la empresa continuar operando y conservar sus contratos públicos. El acuerdo planteó el pago del total de la deuda en 19 años con una tasa de interés del 1% anual, o una quita del 80% con pagos diferidos. La mayoría de los acreedores aceptó la primera opción.
Durante la pandemia por covid-19, Landsteiner anunció la compra de 32 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, supuestamente en alianza con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Sin embargo, el medio reveló que no existen registros oficiales que confirmen dicho acuerdo.
En el mismo periodo, la empresa vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) más de 2.5 millones de pruebas rápidas de covid-19 que resultaron defectuosas. Por ese lote, el IMSS pagó 230 millones de pesos mediante adjudicación directa. Las pruebas generaron falsos positivos, pero no derivaron en sanción alguna, de acuerdo con la misma investigación.
Las compañías vinculadas a Granados Cervera acumulan más de 400 litigios en la Ciudad de México, entre ellos amparos, revisiones fiscales y procedimientos administrativos. Uno de los más recientes involucra a la paraestatal Birmex. En abril de 2025, Landsteiner promovió un amparo tras lo que describe como “silencio administrativo” de esa entidad, poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara el cese de cinco funcionarios por presuntas irregularidades en adquisiciones.
“Todos los que estuvieron involucrados, ya sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, fueron separados de su cargo”, dijo Sheinbaum el 10 de abril desde Palacio Nacional.
A pesar de ello, Landsteiner continuó recibiendo contratos del gobierno federal. Incluso instituciones como Pemex mantienen relaciones comerciales con la firma, aún después de su situación financiera y legal.
