La diputada Blanca Carolina Pérez Gutiérrez (Morena) impulsa iniciativa que reforma el artículo 418 del Código Penal Federal, con el fin de incrementar de cinco a 10 años de prisión a quien desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o cambie el uso del suelo en terrenos forestales; la pena vigente para dichas conductas es de seis meses a nueve años de prisión.
El documento, enviado para dictamen a la Comisión de Justicia, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión, también pretende adicionar la fracción IV, parta establecer que quien se encuentre realizando dichas conductas tenga la obligación de reparar el daño hasta que el lugar afectado se encuentre en las mismas condiciones en que estaba antes.
El documento considera necesario y urgente impulsar reformas a la ley, a fin de aumentar la punibilidad de las prácticas humanas que provocan deforestación, para preservar y recuperar los espacios naturales y revertir los efectos del cambio climático.
La diputada Pérez Gutiérrez menciona que, durante los últimos años, el estado de Chiapas ha sufrido una enorme deforestación, lo que ha provocado un desequilibrio en el ecosistema de flora y fauna, además de que ha generado una mala calidad del aire para los pobladores de la entidad, aun y cuando se cuenta con una de las selvas más grandes del mundo.
La selva lacandona comprende un espacio de 1.8 millones de hectáreas ubicadas al oriente del estado de Chiapas, por lo que representa un pulmón para el país en términos ambientales. Está clasificada entre las 25 zonas biológicas críticas del planeta, después de 230 mil años de existencia.
La exposición de motivos añade que la selva lacandona es hogar del mayor número de especies de murciélagos del mundo, lo mismo que de fauna rara, endémica, amenazada o en peligro de extinción como el tapir, la nutria de río, el jaguar, la guacamaya roja, el mono araña, el mono aullador, el águila arpía, el cocodrilo de río y la tortuga blanca.
De acuerdo con Global Forest Watch del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), que anualmente presenta un informe sobre cuántos bosques se pierden en todo el mundo, la última estadística de los estados del país dio como resultado un alto índice de deforestación en Chiapas.
Refiere que el artículo 4 de la Constitución Política, párrafo quinto, establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Por ello, indica la diputada Pérez Gutiérrez, es necesario y urgente impulsar las reformas competentes a la ley, para aumentar la punibilidad de las prácticas humanas que provocan la deforestación, toda vez que debemos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que comprende la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para preservar y recuperar nuestros espacios naturales, así como revertir los efectos del cambio climático.
