El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que instituciones de su gobierno hayan ocultado información clave sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 a la comisión de expertos independientes creada para investigarla, que denuncia una “simulación” en las pesquisas.
“Se está entregando toda la información, se ha entregado, se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada”, dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina.
Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 los 43 jóvenes, normalistas de Ayotzinapa, desaparecieron en la localidad de Iguala (estado de Guerrero, sur), previo a unas manifestaciones estudiantiles.
López Obrador añadió que su gobierno está comprometido “a dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa“.
Pero el lunes, una comisión de expertos acusó a autoridades mexicanas de haber ocultado información clave sobre el caso, uno de los peores episodios de violación de derechos humanos en el país, que en su momento generó una amplia condena internacional.
Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un órgano creado en 2014 para indagar el caso, dijo que ha habido una “simulación” por parte de algunas autoridades para hacer creer que cumplen la instrucción de López Obrador de facilitar las averiguaciones.
“Hubo personas que generaron una simulación a la orden de entregar los documentos. Hoy todavía hay instituciones que no entregan” ese material, dijo al presentar el tercer informe de trabajo del GIEI.
El 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes se dirigieron a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas manifestaciones.
Según la llamada “verdad histórica” que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del Cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con esa tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El GIEI dijo también que miembros de la Marina participaron en la manipulación de pruebas durante las primeras investigaciones del caso en el basurero de Cocula.
En respuesta, López Obrador agregó que se investigará a los líderes de la Marina que participaron en ese operativo.
“Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la fiscalía todos los que participaron”, señaló.
