Alberto Sentíes Palacio, asesor financiero con más de 30 años de experiencia, comparte con nosotros algunas reflexiones relacionadas con los sobrecostos en la contratación de obra pública. El experto en financiamiento para entidades privadas y públicas nos hace ver que deben existir mayores controles y mecanismos de transparencia en el procedimiento de la modificación contractual que prevea una adecuación en montos y plazos, así como contar con una fianza de entre 10 y 20 por ciento, equivalente al monto total ejercido de los trabajos que garantice el cumplimiento de la obra en tiempo y forma.
“Las empresas que obtengan contratos para obra pública deben cumplir por ley con la fecha pactada de entrega de obra y no aumentar el costo en un porcentaje desmesurado”, apuntó Alberto Sentíes Palacio.
“Una práctica común en el sector público es que las empresas que reciben contratos no cumplen y dejan tiradas las obras. Por eso se debe cuidar mucho a quién se convoca para la construcción de éstas; las empresas que tenga obras tiradas, es decir, que hayan dejado obras en proceso, que no hayan cumplido, esas empresas no se les debe permitir participar”, afirmó Alberto Sentíes Palacio.
De acuerdo con investigaciones publicadas en diferentes medios de comunicación, muchos de los procesos licitatorios están amañados, y otorgan el contrato a la empresa que presenta la oferta más baja, pero a los tres o seis meses empiezan a pedir ampliaciones y al final el costo de la obra se duplica.
Alberto Sentíes Palacio explicó que las modificaciones al artículo 59 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas, consisten en disminuir del 25 al 10 por ciento el porcentaje del monto máximo por virtud del cual pueden modificarse los contratos de obra. Incluso se debe establecer un máximo de tres convenios para el caso de que la modificación exceda del 10 por ciento del monto inicialmente presupuestado así como la creación de requisitos mínimos, que deben justificarse para el caso de solicitar la modificación de condiciones.
“Sería muy bueno que los convenios de modificación sean autorizados por el titular de la dependencia o entidad respectiva y que se hagan públicos en Compranet, es decir, que cualquier ciudadano pueda consultarlos y saber a qué se debe el aumento en el costo de una obra”, comentó Alberto Sentíes Palacio.
“A veces se presentan situaciones de fuerza mayor que pueden alterar el costo y los plazos para la ejecución de una obra, pero estas adecuaciones, se deben realizar dentro de un marco transparente, finito, justificado y, sobre todo, presentarse en situaciones realmente excepcionales”, consideró Alberto Sentíes Palacio.
Alberto Sentíes Palacio resaltó que en nuestro país, la contratación de obra pública representa un importante motor para el desarrollo económico a nivel federal y local. La industria de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera, ya que representa un mercado de 2.4 billones de pesos al año, del cual el 23 por ciento corresponde al sector público, y de éste, el 77.1 por ciento es gasto federal.
En 2022 de los cinco billones doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete millones previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 643 mil 892.7 millones se destinaron al gasto de inversión en obra pública.
Alberto Sentíes Palacio lamentó que hoy en día, a través del uso faccioso de la ley y aprovechando la ambigüedad de las normas que regulan este sector, es frecuente que se realicen modificaciones constantes a los costos inicialmente convenidos, a través de un sinnúmero de convenios modificatorios, lo que da como resultado montos hasta 100 veces mayores al originalmente programado.
“Es muy importante que todos los proyectos que se lleven a cabo por el gobierno federal o con recursos federales cuenten con el análisis costo-beneficio antes de iniciar. Eso es fundamental. Porque ya estamos viendo que muchos de los proyectos que iniciaron no van a tener certidumbre en el largo plazo, por ejemplo el Aeropuerto Felipe Ángeles, cuya viabilidad financiera está en duda”, puntualizó Alberto Sentíes Palacio.
La reforma a la Ley de Obras Publicas y Servicios obliga a los contratistas a dar garantía y responder después de concluidos los trabajos durante 12 y hasta 24 meses por defectos, vicios ocultos o cualquier responsabilidad. También pide que las obras cuyo monto rebase los 15 millones de UMAS, equivalente hoy a mil 344 millones 300 mil pesos, sean contratadas mediante licitación pública con testigos sociales. Los anticipos se pactarán en los contratos y las dependencias y entidades del gobierno federal podrán otorgar hasta un 30 por ciento de la asignación presupuestal aprobada para dicho contrato.
Alberto Sentíes Palacio concluye diciendo que la realización de obras de gran envergadura requiere de un profundo análisis de viabilidad financiera, sobre todo cuando se trata de dinero público. Además, se debe cumplir con todos los requisitos previstos en la Ley de Adquisiciones antes de realizar cualquier tipo de contratación. Este tipo de prácticas son utilizadas incluso en el sector privado en donde Alberto Sentíes Palacio tiene importante experiencia como asesor en materia financiera para proyectos de construcción.
