Por: Víctor Caamal
La salida del administrador del Juzgado Primero de lo Familiar en Cancún fue tan sorpresiva que dejó congelados a quienes formaban parte de su entorno más cercano. No hubo transición, no hubo preparación, no hubo aviso previo. Simplemente lo removieron. Y la forma abrupta en que ocurrió expuso lo que muchos litigantes sabíamos desde hace tiempo: dentro de ese juzgado se había instalado una manera de operar que no correspondía ni al servicio público ni a la dignidad que exige la justicia familiar en Quintana Roo. La reacción inmediata del personal y de varios abogados lo dejó claro. Quienes dependían de su estilo de mando no se imaginaron que el terreno se movería bajo sus pies en cuestión de minutos.
Como abogado que ha caminado esos pasillos durante años, puedo decir que el ambiente previo no era una exageración ni un rumor mal contado. Se sentía. Era un clima pesado, un aire lleno de tensiones, miradas incómodas, silencios que decían más que cualquier palabra. Muchas trabajadoras vivían bajo una presión que se notaba en el rostro, en la forma de hablar, en el cuidado extremo al dirigirse a ciertos superiores. No puedo confirmar hechos individuales ni documentos específicos, pero sí puedo decir que las quejas, las inquietudes y hasta algunas actas administrativas evidenciaban un estilo vertical y, según varias voces internas, francamente incómodo para muchas mujeres.
El relevo llegó con una nueva administradora, alguien que aún no es un rostro conocido para todos, pero cuya presencia representa una oportunidad real de limpiar y reordenar. Ella no pertenece al patrón anterior ni arrastra las mismas prácticas, y su llegada abre una ventana para que entre luz donde durante años solo hubo sombra. La putrefacción institucional —porque así la percibíamos— no desaparece con un cambio de nombre, pero empezar por romper la cadena es un avance enorme.
El juzgado está conformado por seis jueces que cargan con la responsabilidad más pesada del sistema familiar:
Aholibama Torres Bui, Hansel Castañeda González, Laura Guadalupe Rodríguez Marín, Marcela del Pilar Campos Chale, Marco Antonio Cocom Méndez y Willian May Uc.
Nadie los señala. Sin embargo, es inevitable que entre quienes litigamos ahí surja una pregunta razonable: ¿cuánto impacto tuvo la antigua gestión en la operación diaria?, ¿qué hábitos quedaron sembrados?, ¿qué prácticas deberán vigilar para evitar que regresen disfrazadas de normalidad?
Lo que encendió aún más las alarmas fue lo que ocurrió después de la remoción: varios abogados fuimos convocados, casi con prisa, a firmar una carta de apoyo para pedir su regreso. Un documento que hablaba de “gran capacidad”, pero cuya urgencia dejaba entrever otra cosa. No puedo afirmar si quienes promovieron esa carta tenían compromisos, acuerdos o simplemente estaban acostumbrados a cierto estilo de operación, pero sí puedo asegurar que un llamado tan acelerado no nace en una estructura sana. Nace cuando se derrumba un esquema interno que sostenía más de lo que aparentaba.
Y ahora corre otro tema en los pasillos: se dice —sin que pueda confirmarlo— que el servidor removido habría sido enviado al Primer Tribunal Laboral y al Segundo Tribunal Laboral, encabezados por el Lic. Efraín Taleno Castro y la Lic. Osiris Arlette Meza Pérez. Si esto es cierto, ambos titulares deben estar plenamente informados del historial administrativo, de las tensiones que dejó atrás y de las percepciones internas que generó su paso por adscripciones anteriores. No por desconfianza personal, sino por responsabilidad institucional. Su llegada no puede ser tratada como un trámite más.
Los tribunales laborales están construyendo una justicia moderna, técnica y transparente. No pueden permitirse heredar viejas dinámicas ni reproducir factores que dañaron la operación de otro órgano. Tendrán que observar con atención, documentar cualquier comportamiento que genere inquietud y actuar con firmeza si aparece alguna señal que recuerde lo que tanto daño hizo en el Juzgado Primero de lo Familiar.
En la primera columna escribí que aquel expediente no podía archivarse. Hoy lo digo con mayor claridad: tampoco puede reciclarse. Lo que el Juzgado Primero de lo Familiar expulsó no debe encontrar refugio en ningún otro rincón del Poder Judicial. La justicia laboral merece un terreno limpio, y la justicia familiar ya mostró que sí se puede corregir cuando se tiene el valor de hacerlo.
El Juzgado Primero de lo Familiar dio un paso importante. Ahora corresponde a los Tribunales Laborales asegurarse de que ese paso no sea en vano. Lo que cayó allá no puede volver a respirar aquí. Y si alguien intenta revivirlo, los jueces deberán ser los primeros en detenerlo.
Y una última cosa debe quedar clara para quien corresponde: la revisión no termina aquí. El Juzgado Primero de lo Familiar fue solo el comienzo. Muy pronto tocará abrir, con la misma seriedad y el mismo rigor, lo que ocurre en el Juzgado Segundo de lo Familiar. Sus historias, sus prácticas internas y sus silencios también merecen luz. Que nadie crea que la mirada pública se detendrá en una sola puerta. Lo que hoy se exige es limpieza en todos los rincones del sistema. Y cuando llegue el momento —porque llegará— más vale que cada administración esté preparada para responder con transparencia. El tiempo del miedo cambió de lado.
