El senador Víctor Mercado Salgado presentó una iniciativa para prevenir siniestros de tránsito, identificar peligros y reducir riesgos, a fin de proteger la vida y la integridad física de las personas usuarias de las vías generales de comunicación.
Para ello, propuso expedir la Ley General de Auditorías e Inspecciones de Infraestructura y Seguridad Vial, que busca garantizar el derecho constitucional a la movilidad segura, mediante una regulación acorde con el sistema de competencias, la legalidad administrativa y los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Asimismo, planteó establecer las bases para realizar auditorías e inspecciones de infraestructura y seguridad vial, fomentar la identificación y reducción de riesgos durante el ciclo de vida de las obras, así como definir criterios para programar y priorizar las evaluaciones.
También, dijo, es indispensable determinar los requisitos mínimos de competencia técnica, independencia y documentación, obligaciones de respuesta y seguimiento de los hallazgos; promover la atención oportuna de riesgos graves y fortalecer la coordinación entre las autoridades competentes; además de facilitar la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Aclaró que la propuesta no pretende crear una nueva autoridad nacional con facultades de intervención general sobre todas las vías generales de comunicación; por el contrario, se trata de aprovechar las instituciones existentes, fortalecer las atribuciones que legalmente les corresponden y desarrollar mecanismos comunes de coordinación y seguimiento.
El legislador de Morena recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial ya reconoce las auditorías e inspecciones de infraestructura y seguridad vial como instrumentos preventivos, correctivos y evaluativos.
Sin embargo, subrayó que, para que estos instrumentos se traduzcan en resultados verificables, es necesario contar con un marco legal sistemático, que defina su alcance, las etapas en que deben realizarse, los criterios de priorización, la independencia técnica de las evaluaciones, entre otros aspectos.
En ese sentido, destacó que la iniciativa busca desarrollar esos componentes mediante una Ley general que complemente la legislación vigente, fortalezca la coordinación institucional y establezca obligaciones claras, pero con respeto a las competencias de cada autoridad.
El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Zonas Metropolitanas y Movilidad y de Estudios Legislativos Primera.
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