Para frenar prácticas abusivas de las empresas de telefonía móvil, el senador Aníbal Ostoa Ortega propuso eliminar las penalizaciones económicas por cancelar anticipadamente un servicio de telecomunicaciones cuando este incluya un equipo adquirido mediante financiamiento.
Durante la sesión plenaria del pasado 21 de octubre, el legislador de Morena sostuvo que, en estos casos, las empresas únicamente pueden reclamarse el pago proporcional del saldo pendiente del dispositivo.
Por ello, presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de prohibir que las empresas condicionen la contratación, continuidad o renovación de sus servicios a la entrega de fianzas, depósitos en garantía, garantías financieras u otros mecanismos de respaldo económico previo.
Dijo que para garantizar el cumplimiento de estas medidas, las restricciones se incorporarán tanto en la regulación de telecomunicaciones, como en las disposiciones de protección al consumidor, con el propósito de establecer reglas claras sobre los cobros y las condiciones impuestas a los usuarios.
Ostoa Ortega detalló que las modificaciones legales tienen como objetivo fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias, eliminar prácticas contractuales desproporcionadas y consolidar un marco regulatorio acorde con los principios de libre elección, competencia efectiva y equidad contractual.
Mencionó que el proyecto beneficiará a 24.8 millones de usuarios de planes de pospago en México y deja en claro que el interés social siempre estará por encima de cualquier abuso privado.
“Estamos hablando de justicia para los usuarios, de libertad de elección y de poner un límite a prácticas abusivas que durante años se normalizaron en nuestro país por parte de empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil”, indicó.
Aníbal Ostoa recalcó que la iniciativa parte de un principio muy sencillo: “Ninguna persona debe pagar por un servicio que no recibe”, por lo que, si existe un equipo financiado, el usuario deberá cubrir exclusivamente el saldo pendiente del dispositivo, porque eso es justo, razonable y válido.
Puntualizó que lo mismo ocurre con las fianzas y los depósitos en garantía, pues desde el primer día los ciudadanos son tratados como posibles deudores y obligados a entregar garantías económicas para acceder a un servicio esencial.
“Cada año, millones de mexicanos son castigados económicamente por cancelar un servicio, se les cobra por irse o por elegir otra opción, pero también son obligados a constituir fianzas, pagar primas anuales o depósitos en garantía y se les señala como deudores antes que como clientes”, recalcó.
La propuesta se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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