El diputado Juan Armando Ruíz Hernández (MC) impulsa una iniciativa para establecer que todas las viviendas ubicadas en planta baja sean concebidas y construidas bajo criterios de accesibilidad y universalidad para las personas con discapacidad.
La propuesta plantea reformar los artículos 3 de la Ley de Vivienda, 18 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y 41 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El legislador busca que la Ley de Vivienda garantice que todas las viviendas ubicadas en planta baja incorporen criterios de diseño universal que permitan su uso seguro, autónomo y digno por parte de las personas con discapacidad.
Para ello, estipula que como mínimo debe incluir accesos sin barreras mediante rampas u otras soluciones de accesibilidad, puertas de acceso y circulación interior con un ancho no menor a un metro, espacios compatibles con dispositivos de apoyo, cajones exclusivos de estacionamiento para personas con discapacidad o, en su caso, espacios para ascenso y descenso accesibles en el exterior inmediato de la vivienda, y preparación integral de instalaciones conforme a los criterios de diseño universal.
Específica que, tratándose de viviendas construidas mediante programas públicos, subsidios o financiamiento estatal o federal, el cumplimiento de estas disposiciones será obligatorio.
En tanto, propone que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad defina que el Estado garantizará que en todos los programas de vivienda que se realicen con recursos públicos, las viviendas de planta baja sean construidas con los criterios de diseño universal y otorgarán de manera preferente los créditos de dichos inmuebles a las personas con discapacidad.
Plantea que dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se indique que en la formulación, aprobación y ejecución de los programas las autoridades competentes garantizarán que los desarrollos habitacionales que incluyan viviendas en planta baja observen los criterios de diseño universal previstos en las leyes citadas como condición para su autorización y registro.
La iniciativa, turnada a las comisiones unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, señala que estas reformas permitirán consolidar el marco normativo hacia un enfoque de derechos humanos y diseño universal al superar de manera estructural el modelo médico-asistencialista y transformar la visualización social de la discapacidad en la construcción de la política habitacional.
El diputado Ruíz Hernández sostiene que, si bien en el país hay reformas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad, la evolución demográfica ha generado retos que requieren disposiciones normativas más precisas y operativas, especialmente en materia de vivienda accesible, mismas que abonarían a una vida independiente y al ejercicio de otros derechos.
En este sentido, refiere que de acuerdo con el Censo 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, lo cual representa el 16.5 por ciento de la población; de ahí la importancia de establecer un estándar mínimo obligatorio de accesibilidad en materia de vivienda.
El diputado concluye que de aprobarse estas adecuaciones normativas se lograría no solo concentrar la construcción de las ciudades verdaderamente incluyentes, sino derribar barreras de desigualdad y transformar la manera en que la sociedad comprende la discapacidad.
