La Cámara de los Comunes rechazó este viernes en una reñida votación legalizar la «muerte asistida» para los enfermos terminales de Inglaterra y Gales que tengan un pronóstico de menos de seis meses de vida, tras un acalorado debate de más de cuatro horas.
Mientras que 270 diputados votaron a favor de la ley, en contra lo hicieron 286, y así tumbaron el texto. El primer ministro Andy Burnham, católico, no quiso participar en la votación para evitar «influir indebidamente en el debate», y el gobierno en conjunto se declaró «neutral», aun cuando fue un diputado laborista el que presentó la proposición de ley.
La ley rechazada contenía varias salvaguardias, como que los solicitantes de una muerte asistida deberían tener la aprobación de dos médicos y de un panel de expertos. Pero para los opuestos a la ley, esas salvaguardas no eran suficientes para, por ejemplo, disuadir a aquellos que sencillamente eligen morir porque sienten que son ‘una carga’.
La oposición llegó de hecho desde las iglesias, tanto la católica como la anglicana, por razones morales, mientras que varios colegios médicos se posicionaron igualmente en contra por encontrar que la ley no protegía lo suficiente a los pacientes de enfermedades mentales.
El Reino Unido se queda así a la cola de los países más desarrollados, que han implementado legislaciones parecidas, teniendo cifras de prevalencia muy distintas según los casos, según expone la BBC: mientras que España, Austria o Colombia tienen una tasa de una muerte asistida por cada mil fallecimientos, en Canadá la proporción sube a uno por cada 200, y es ligeramente superior en Países Bajos.
Francia tomó el rumbo opuesto
El pasado mes de agosto, Francia publicó la ley sobre el «derecho de la ayuda a morir», la cual legaliza una forma de eutanasia y de suicidio asistido. Este es un paso obligado antes de que entre en vigor.
El texto crea un derecho a la «ayuda a morir», que debe ser ejercido por la propia persona interesada, lo que se conoce como eutanasia, o excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero, en un suicidio asistido.
Para ejercer ese derecho hay que cumplir una serie de condiciones, empezando por ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en Francia.
Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables, cuyo pronóstico vital debe estar comprometido en fase avanzada o terminal, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida.
