La diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna (Morena) impulsa una iniciativa para que en ningún caso las niñas, niños y adolescentes, nacionales o extranjeros, puedan ser privados de la libertad por motivos migratorios.
La adición del artículo 94 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que las autoridades migratorias tendrán que notificar de manera inmediata a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y canalizar a la población infantil y juvenil al Sistema Nacional DIF, a los Sistemas Estatales DIF o a los Sistemas Municipales DIF, según corresponda, para garantizar su protección integral.
Asimismo, las niñas, niños y adolescentes en situación de migración deberán ser alojados en espacios adecuados, seguros y libres de la privación de la libertad, distintos a estaciones migratorias, estancias provisionales, centros de detención o cualquier otro lugar destinado al aseguramiento de personas migrantes.
Además, las autoridades competentes garantizarán, sin discriminación alguna, el acceso a servicios de alimentación, salud, educación, asistencia psicológica, asesoría jurídica, traducción o interpretación cuando sea necesario, así como representación y medidas de protección especial.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos a la Niñez y Adolescencia, también propone que las medidas de asistencia, protección y restitución de derechos se determinen de manera individualizada por las Procuradurías de Protección competentes, atendiendo el interés superior de la niñez, la unidad familiar, la reunificación familiar cuando resulte procedente, la edad, el grado de madurez, condición de acompañamiento, situación familiar, necesidades particulares de protección y opinión de la niña, niño o adolescente.
En la exposición de motivos, la diputada apunta que la población infantil y juvenil en situación de migración, sean nacionales o extranjeros, acompañados, no acompañados o separados de sus familias, enfrentan múltiples riesgos durante su tránsito, estancia, retorno o solicitud de protección internacional.
Entre dichos riesgos se encuentran: separación familiar, trata de personas, reclutamiento por grupos delictivos, violencia, discriminación, falta de acceso a servicios básicos, ausencia de representación jurídica y, en algunos casos, privación de la libertad por motivos migratorios.
Domínguez Serna argumenta que durante el primer trimestre de 2024, México registró 360 mil 146 personas en situación migratoria irregular, de ellas el 32 por ciento correspondió a NNA (niñas, niños y adolescentes). Asimismo, el Consejo Nacional de Población reportó 13 mil 600 presentaciones de NNA en situación de migración irregular ante el Instituto Nacional de Migración en 2023 y 50 mil 546 en 2024.
Agrega que la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, tribunales internacionales, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil, debido a los efectos negativos que puede generar en su desarrollo integral.
Menciona que incluso los periodos breves de privación de la libertad pueden producir afectaciones emocionales y psicológicas, tales como la ansiedad, depresión, estrés postraumático, retraimiento social y pérdida de confianza en las instituciones.
Considera que la condición migratoria irregular no constituye un delito, sino una situación administrativa que debe atenderse con enfoque de derechos humanos, protección integral, perspectiva de infancia, unidad familiar e interés superior de la niñez.
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