La Unión Nacional de Maquineros (UNAMA A.C.) intensificará sus acciones jurídicas y sociales frente a lo que califica como una campaña gubernamental de criminalización contra los operadores de máquinas activadas con monedas, una actividad económica de la cual dependen miles de comerciantes, técnicos, fabricantes, distribuidores y familias en diferentes regiones del país.
Los operadores sostienen que las autoridades han utilizado el combate a las tragamonedas ilegales como justificación para intervenir establecimientos y retirar equipos destinados al entretenimiento, sin realizar una diferenciación clara entre aparatos de apuestas y máquinas de habilidad, destreza o recreación. Esta actuación, señalaron, ha dejado numerosos negocios sin una de sus fuentes cotidianas de ingresos y ha colocado bajo sospecha a trabajadores que durante años han desarrollado su actividad de manera abierta.
El lunes 10 de agosto, integrantes del sector realizaron una asamblea informativa para analizar las consecuencias de los operativos y definir una estrategia conjunta ante el discurso oficial que pretende asociar toda máquina activada con monedas con actividades delictivas. Durante el encuentro se acordó emprender acciones públicas, legales e institucionales para defender el derecho al trabajo y exigir que cada equipo sea revisado conforme a sus características reales.
Como primera medida, los operadores se presentaron en el Zócalo de la Ciudad de México para hacer visible una problemática que, de acuerdo con UNAMA, ha permanecido oculta detrás de las cifras difundidas por las autoridades. La movilización consiguió que representantes del gremio fueran recibidos por el subsecretario de Gobierno capitalino, con quien se instaló una primera mesa de diálogo.
A partir de este acercamiento se acordó gestionar una segunda reunión de trabajo en la que participen la Jefatura de Gobierno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las autoridades de Seguridad Ciudadana y el Instituto de Verificación Administrativa. La intención es establecer criterios claros que impidan el retiro arbitrario de máquinas y garanticen que los operativos se realicen con fundamento legal, identificación de los servidores públicos y respeto a los derechos de comerciantes y propietarios.
La preocupación del gremio aumentó después de que operadores y dueños de establecimientos reportaran la presencia de personas tomando fotografías de negocios ubicados en distintas alcaldías de la capital. Para UNAMA, estas acciones podrían anticipar nuevos operativos realizados sin información previa y bajo los mismos criterios generales que han ocasionado afectaciones en el Estado de México.
La organización considera que fotografiar, señalar o intervenir comercios sin explicar la causa de las revisiones genera temor entre pequeños empresarios y trabajadores. También advierte que la falta de claridad abre la puerta a irregularidades, decomisos indiscriminados y actos de intimidación contra personas que no han sido vinculadas formalmente con delito alguno.
UNAMA no se opone a que las autoridades actúen contra aparatos verdaderamente destinados a las apuestas clandestinas ni contra equipos que puedan encontrarse relacionados con redes delictivas. Su exigencia consiste en que no se coloque dentro de la misma categoría a toda una industria y que se distinga entre las tragamonedas, los videojuegos, las máquinas de destreza y otras modalidades de entretenimiento operadas mediante monedas.
La organización sostiene que presentar cualquier aparato como parte de una estructura criminal constituye una generalización engañosa que perjudica a trabajadores honestos. Detrás de cada máquina existen empleos relacionados con fabricación, programación, reparación, instalación, traslado y mantenimiento, además de pequeños comercios que reciben un ingreso complementario por ofrecer esta clase de entretenimiento.
Los operadores señalan que el discurso gubernamental ha invisibilizado a las familias afectadas y ha convertido una política de seguridad en un mecanismo de persecución económica. En numerosos casos, aseguran, el retiro de los equipos representa la pérdida inmediata del dinero destinado a alimentos, renta, servicios, educación y manutención.
El siguiente paso se realizará el miércoles 19 de agosto, cuando representantes del sector se presenten ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para solicitar respuestas formales sobre la Operación “Dos de Bastos”, desplegada un mes atrás en numerosos municipios mexiquenses.
Entre las demandas se encuentra la asignación de un agente del Ministerio Público que atienda las denuncias y reclamaciones de los propietarios. Los afectados también cuestionarán los obstáculos encontrados para conocer la situación jurídica de sus equipos y avanzar en los procedimientos de recuperación correspondientes.
De acuerdo con testimonios recabados por la organización, algunas personas promovieron amparos, pero enfrentaron dificultades para notificar a las autoridades señaladas como responsables. Incluso se les habría respondido que determinadas fiscalías mencionadas en los procedimientos “no existen”, argumento que, a juicio del gremio, impide el acceso efectivo a la justicia y prolonga la incertidumbre sobre los bienes asegurados.
UNAMA considera inadmisible que las instituciones anuncien públicamente operativos de gran magnitud y posteriormente los ciudadanos no encuentren una autoridad claramente identificada que responda por los aseguramientos. La ausencia de información sobre carpetas de investigación, inventarios, cadenas de custodia y mecanismos de defensa incrementa la percepción de arbitrariedad.
Para la organización, combatir la delincuencia no puede significar la desaparición de fuentes legítimas de trabajo. Mucho menos puede utilizarse una acusación general para tratar como criminales a comerciantes, operadores y familias completas sin presentar investigaciones individualizadas ni resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
Como parte de los acuerdos alcanzados en la asamblea del 10 de agosto, el gremio convocará el próximo 3 de septiembre a una marcha nacional de operadores afectados por los decomisos y operativos gubernamentales. La movilización pretende reunir a trabajadores procedentes de distintos estados de la República para exigir certeza jurídica, devolución de equipos legalmente operados y la suspensión de acciones indiscriminadas.
La marcha también buscará demostrar la dimensión humana y laboral de esta industria. Los participantes pretenden mostrar que no se trata únicamente de máquinas, sino de una cadena productiva integrada por miles de personas que han visto amenazado su patrimonio como consecuencia de decisiones tomadas sin distinguir entre actividades lícitas y conductas verdaderamente ilegales.
UNAMA mantendrá abiertas las vías de diálogo con las autoridades, pero advirtió que no renunciará a las acciones legales y sociales necesarias para defender a sus agremiados. La organización exigirá que las mesas institucionales produzcan respuestas verificables, plazos definidos y protocolos que eviten nuevos abusos.
Los operadores afirmaron que defenderán su actividad económica frente a cualquier intento de estigmatización. Su reclamo central es que el Estado investigue y sancione a quienes efectivamente cometan delitos, pero que deje de utilizar al conjunto de los maquineros como un blanco fácil para presentar resultados mediáticos.
La movilización emprendida durante los últimos días marca el inicio de una estrategia nacional con la que UNAMA buscará recuperar la dignidad de su oficio y proteger el sustento de las familias perjudicadas. El gremio sostiene que entretener no es delinquir y que ninguna política de seguridad puede considerarse exitosa cuando, en nombre de la legalidad, deja sin trabajo y sin defensa a quienes viven de una actividad honesta.
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