La diputada María Graciela Gaitán Díaz (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud para garantizar la atención médica integral, especializada, inmediata y oportuna a personas recién nacidas prematuramente, incluyendo estabilización clínica, monitoreo, tratamientos médicos necesarios, vigilancia hospitalaria y seguimiento de complicaciones derivadas de lo prematuro.
La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, agrega que las autoridades competentes establecerán mecanismos, procedimientos y acciones necesarias, considerando la coordinación interinstitucional, referencia, contrarreferencia y continuidad hospitalaria cuando resulte necesario.
La diputada Gaitán Díaz expone que la justicia social comienza desde el nacimiento, por lo que ninguna niña o niño prematuro debe enfrentar una desventaja estructural por falta de atención médica especializada.
“Fortalecer la protección neonatal significa construir un país más igualitario, preventivo, humano y comprometido con el bienestar colectivo”, sostiene.
Menciona que la Organización Mundial de la Salud define como nacimiento prematuro aquel ocurrido antes de las 37 semanas de gestación, y en México nacen anualmente entre 180 mil y 200 mil bebés prematuros.
Abunda que las personas recién nacidas prematuramente enfrentan riesgos inmediatos derivados de la inmadurez de órganos y sistemas vitales, particularmente en los sistemas respiratorio, neurológico, inmunológico, digestivo y en la regulación metabólica y térmica.
Advierte que de no contar con atención médica inmediata y especializada pueden desarrollar síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragias cerebrales, enterocolitis necrosante, retinopatía del prematuro y discapacidad visual, auditiva, motriz o cognitiva.
Por ello, añade, el nacimiento prematuro no puede abordarse únicamente como un evento obstétrico, sino como una prioridad de salud pública y justicia social, toda vez que miles de familias enfrentan diariamente incertidumbre, gastos extraordinarios y barreras institucionales para acceder a atención neonatal especializada.
Señala que la supervivencia de una persona recién nacida prematuramente continúa dependiendo, en muchos casos, de factores estructurales como la entidad federativa de nacimiento, capacidad hospitalaria local, disponibilidad de incubadoras, existencia de terapia intensiva neonatal y el acceso a neonatólogos y personal capacitado.
“Esta realidad refleja desigualdad territorial históricamente acumulada. No puede permitirse que la expectativa de vida de una persona recién nacida sea determinada por su código postal o nivel socioeconómico”, enfatiza.
Resalta que, si bien la Ley General de Salud contempla atención materno-infantil, actualmente la regulación respecto al prematuro resulta insuficiente, lo cual genera vacíos operativos que ponen en riesgo la vida de recién nacidos, de ahí la importancia de establecer expresamente en la legislación la obligación de garantizar atención médica inmediata, especializada, integral y continua a personas recién nacidas prematuramente.
Concluye que de aprobarse estas reformas se lograría reconocer jurídicamente al prematuro como prioridad de atención, fortalecer protección a primera infancia, reducir mortalidad neonatal y disminuir desigualdad territorial en acceso a servicios especializados.
