La diputada Gabriela Valdepeñas González (Morena), secretaria de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen y Prácticas Parlamentarias e integrante de la de Derechos Humanos, realizó en la Cámara de Diputados la presentación de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 2026 en México.
Al dar le bienvenida, la diputada dijo que esta clasificación se dio a conocer el pasado 30 de abril y constituye una herramienta valiosa para el análisis comparado y el seguimiento de las condiciones en las que se ejerce el periodismo a nivel global.
Agregó que también es un importante referente internacional para evaluar las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión, el cual se construye a partir de indicadores como el contexto sociocultural, el marco legal, el entorno económico y la seguridad, con datos de encuestas aplicadas a periodistas, medios de comunicación y especialistas en cada país.
Valdepeñas González afirmó que desde 2018 México ha experimentado “un fortalecimiento del debate público y del acceso a la información pública”, acompañado de la expansión de medios digitales e independientes que han diversificado las voces y el ejercicio periodístico.
Indicó que la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 ubica a México en el lugar 122 de 180 países evaluados, mejorando respecto a posiciones anteriores cercanas al lugar 127.
“Cuando este avance se muestra moderado, adquiere una relevancia, si se considera que diversas naciones del continente americano han registrado caídas mucho más pronunciadas, como es el caso de Ecuador con Daniel Novoa, el caso de Perú con Dina Boluarte, con Argentina Javier Milei y El Salvador con Nayib Bukele, que muestran un deterioro de libertad de prensa en la región de América Latina y en el continente americano”.
Señaló que 14 de los 28 países muestran tendencias a la baja de 2022 al 2026, como “México, que refleja una realidad compleja en la que, por un lado, se muestran avances en la pluralidad, apertura democrática y construcción institucional y, por otro, persisten desafíos en seguridad y en la judicialización de los casos de delitos cometidos contra la libertad de expresión”.
La legisladora reconoció la responsabilidad acumulada de los distintos órdenes de gobierno, por lo que es indispensable que mejoren las condiciones para el ejercicio del periodismo.
Sostuvo que el fortalecimiento de las condiciones de seguridad para periodistas y la reducción de la impunidad “son desafíos no sólo de nuestra gestión institucional, también es uno de los retos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos para consolidar el proceso democrático”.
Asimismo, resaltó la labor de medios comunitarios, independientes y digitales, al considerar que contribuyen a ampliar el debate público y fortalecer el voto libre e informado.
Valdepeñas González afirmó que el triunfo de Morena también se inscribió en un entorno donde se propiciaron las condiciones más abiertas para la expresión. No obstante, en la actualidad “seguimos enfrentando una serie de noticias falsas o tergiversadas”.
Por su parte, Artur Romeu, director para América Latina de RSF en América Latina, con sede en Río de Janeiro, Brasil, dijo que, en el caso de México, pese a la existencia de instituciones como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el país continúa siendo el más letal para la prensa en el continente americano.
“México sigue siendo el país con mayor número de periodistas asesinados de todo el hemisferio occidental”.
Agregó que aún falta avanzar en los compromisos asumidos por el Estado mexicano para fortalecer la protección a periodistas y revertir la violencia estructural que afecta al gremio desde hace más de una década.
A su vez, Balbina Flores Martínez, representante de RSF en México, afirmó que el país empeoró su puntuación en materia de libertad de prensa desde 2022, particularmente en el indicador de seguridad.
Detalló que durante la actual administración federal han sido asesinados 12 periodistas, de los cuales sólo uno contaba con medidas de protección.
“Son los periodistas locales quienes cubren temas diarios de seguridad, corrupción, crimen organizado y violaciones a derechos humanos, los que hoy se encuentran más expuestos a la violencia”.
Afirmó que existen regiones del país donde el crimen organizado mantiene control sobre la información, generando “zonas de silencio” en entidades como Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Indicó que se ha incrementado el acoso judicial contra periodistas mediante demandas civiles y penales impulsadas por funcionarios y actores políticos. “Esta estrategia busca el desgaste económico y emocional de los periodistas, provocando autocensura”.
En su oportunidad, Primavera Téllez Girón García, coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores, alertó sobre el deterioro de las condiciones legales, laborales y de seguridad para el ejercicio periodístico en el país.
Sostuvo que México enfrenta una grave crisis de impunidad en los casos de periodistas asesinados y desaparecidos. “Los sistemas de justicia no han resuelto los casos en más del 90 por ciento; las personas autoras intelectuales siguen en la impunidad”.
Anotó que la clasificación mundial de RSF advierte que la libertad de prensa cayó a su peor nivel en los últimos 25 años, en un contexto internacional marcado por conflictos armados y violencia contra periodistas. “Cuando hay una situación de guerra en el mundo, quienes están en la primera línea informando son los periodistas”.
Explicó que uno de los indicadores más preocupantes del informe corresponde al ámbito legal, el cual evalúa el entorno jurídico y legislativo en que trabajan periodistas y medios de comunicación, incluyendo censura, protección de fuentes, criminalización y violencia.
Afirmó que entre 2025 y 2026 este indicador se deterioró en más del 60 por ciento de los países analizados por RSF. En el caso de México, precisó que el indicador legislativo colocó al país en el lugar 95 de 180 naciones, cuatro posiciones por debajo respecto a 2025, cuando ocupaba el sitio 91.
También denunció la precarización laboral que enfrentan trabajadoras y trabajadores de medios de comunicación, quienes en muchos casos carecen de seguridad social y condiciones laborales adecuadas. “Las personas trabajadoras en los medios de comunicación necesitan tener seguridad social porque además es una actividad de alto riesgo en nuestro país”.
Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se implementó un programa para que periodistas pudieran incorporarse al sistema de seguridad social, aunque subrayó que esta obligación corresponde originalmente a las empresas mediáticas.
La activista comparó la situación de México con países como Noruega, primer lugar en la clasificación mundial de libertad de prensa, y reconoció que existen diferencias políticas, económicas y culturales importantes.
Por ello, consideró necesario analizar experiencias internacionales para fortalecer el marco jurídico mexicano. “Es importante que podamos aprender cuáles son las leyes de vanguardia a nivel mundial con relación a la libertad de prensa”.
Llamó a legisladoras, legisladores, periodistas, académicas y académicos a revisar los marcos legales federales y estatales para eliminar normas que inhiban derechos fundamentales y atender fenómenos como la censura, la autocensura y las presiones políticas y económicas sobre medios de comunicación.
“Hay temas y servidores públicos que son intocables, así como empresas que no pueden ser investigadas por los intereses económicos que existen detrás de algunos medios”.
Añadió que, aunque durante el sexenio del expresidente López Obrador disminuyeron los recursos destinados a publicidad oficial, continúa pendiente una legislación integral sobre la materia. “Seguimos esperando que esa ley sobre publicidad oficial pueda discutirse y legislarse”.
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