El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acusó este lunes que Estados Unidos violó la confidencialidad del proceso contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios tras difundir la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la solicitud de extradición.
La nueva consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que este es un principio que se exige con tal de preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, para evitar «la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas».
«En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas», aseguró durante la conferencia matutina.
De acuerdo con Luisa María Alcalde, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece este principio de confidencialidad.
En este caso, la consejera apuntó que en este caso, el gobierno estadounidense debía haber entregado su solicitud de detención provisional con fines de extradición, «de manera confidencial».
Ante esto, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) «ha enviado opinión» a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la necesidad de solicitar a Estados Unidos esta confidencialidad para preservar el debido proceso.
La consejera Luisa María Alcalde insistió en que no se han recibido pruebas sobre este caso para determinar «que existe un riesgo de sustracción o obstaculización del proceso».
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