Autoridades federales y del sector financiero mantienen bajo revisión diversas operaciones relacionadas con empresas del ramo de apuestas y entretenimiento en México, en medio de conflictos legales, cambios corporativos y posibles implicaciones regulatorias nacionales e internacionales.
Uno de los casos que llama la atención es el de Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. (EDOSA), empresa de origen español dedicada al sector del juego y las apuestas.
De acuerdo con información obtenida por este medio, en el sector se señala que algunos actores buscarían aprovechar litigios y disputas societarias relacionadas con Raúl Rocha y sus socios para reconfigurar la operación de permisos y licencias. Entre los nombres mencionados en estas versiones se encuentra Alfonso Navarrete, así como el abogado Eduardo Cacho, ex titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Uno de los puntos observados tiene que ver con cambios corporativos y operativos presuntamente no sancionados por la autoridad, que habrían permitido la incorporación de HYSA Organized Group como socia y operadora en determinadas actividades.
El caso adquiere una dimensión internacional debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), impuso sanciones a HYSA, así como a Entretenimiento Palermo y a diversos establecimientos mercantiles relacionados con operaciones bajo la marca Midas.
Adicionalmente, otra afectación relevante para EDOSA es el bloqueo del sitio web Luckia México (www.luckia.mx), vinculado a la compañía, por causas que hasta ahora no han sido esclarecidas públicamente, aunque fuentes del sector las califican como delicadas.
En paralelo, también se encuentra bajo observación un permiso presuntamente otorgado por Eduardo Cacho a Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. Sobre este caso, fuentes consultadas señalan que autoridades competentes ya habrían tomado conocimiento para revisar la legalidad y alcances de dicha autorización.
El contexto ocurre en un momento en que las autoridades mexicanas han incrementado la vigilancia sobre la industria del juego, particularmente en temas relacionados con transferencias de permisos, cambios de operadores, cumplimiento regulatorio y posibles vínculos con investigaciones financieras internacionales.
