La iniciativa, turnada a la Comisión de Educación, adiciona un artículo 75 Ter para establecer que el Estado promoverá las acciones específicas, a fin de que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuenten con las herramientas para la prevención y atención de la salud de las y los estudiantes.
En los casos de emergencias médicas deberán capacitar y certificar al personal escolar en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar para su cumplimiento.
Asimismo, adiciona un párrafo tercero al artículo 96 en el que instruye que se deberán integrar en los planes y programas de las instituciones de formación docente, la capacitación para la atención de emergencias y resucitación cardiorrespiratoria.
En su exposición de motivos, las legisladoras explican que la iniciativa parte del reconocimiento de que el entorno escolar constituye un espacio fundamental para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, donde el Estado asume una responsabilidad directa en la protección de su vida, salud e integridad.
Agregan que, si bien el acceso a la educación es un derecho garantizado, este debe ejercerse en condiciones de seguridad que permitan atender de manera oportuna cualquier emergencia médica. En este sentido, resulta indispensable fortalecer las capacidades de respuesta dentro de los planteles, especialmente ante eventos de alta gravedad como el paro cardiorrespiratorio.
Resaltan que la evidencia científica y médica es contundente al señalar que la atención inmediata mediante maniobras de RCP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En población infantil, estos eventos suelen derivarse de causas respiratorias o circulatorias, lo que exige una intervención rápida por parte de quienes se encuentran en el lugar.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el personal escolar carece de la capacitación necesaria, lo que limita significativamente las probabilidades de supervivencia antes de la llegada de servicios de emergencia.
Bajo esta perspectiva, la iniciativa propone incorporar en la Ley General de Educación disposiciones específicas que obliguen a las autoridades educativas a garantizar la capacitación y certificación del personal en primeros auxilios y RCP, así como integrar estos contenidos en la formación docente.
Subrayan que esta medida fortalece la prevención y consolida un modelo de atención inmediata basado en el conocimiento, la coordinación y la responsabilidad institucional. La propuesta se alinea con el principio del interés superior de la niñez y con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
De esta manera, se busca transitar de un enfoque reactivo a uno preventivo, en el que la escuela no solo sea un espacio de aprendizaje, sino también un lugar preparado para salvaguardar la vida ante cualquier contingencia, por lo que la iniciativa resulta necesaria ante una problemática real, colocando en el centro la protección de la vida y el bienestar de las y los estudiantes.
