La diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN) pide reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que
las entidades federativas, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México establezcan medidas para que los servicios de salud garanticen el acceso oportuno, gratuito y de calidad para la atención psicológica, psiquiátrica y psicosocial.
Ello, con enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez, perspectiva de género, interculturalidad y atención comunitaria, así como asegurar la referencia y contrarreferencia para la continuidad de la atención.
La iniciativa, que modifica la fracción XVI del artículo 50, enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, precisa que las acciones deberán dirigirse a la protección, promoción, prevención, detección temprana, atención, tratamiento y rehabilitación de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, como parte integral de su derecho a la salud y al desarrollo integral.
De igual forma, implementar programas de prevención del suicidio, detección y atención de trastornos emocionales, conductas autolesivas, violencia, acoso escolar y consumo de sustancias, así como acciones de capacitación para el personal educativo, de salud y asistencia social, respetando en todo momento la dignidad, confidencialidad y autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
La diputada Martínez Álvarez, en su exposición de motivos, resalta que la salud mental es un componente esencial del derecho humano y desarrollo integral; sin embargo, en niñas, niños y adolescentes, su afectación no solo genera sufrimiento individual, sino consecuencias estructurales en el aprendizaje, convivencia social, seguridad, productividad futura y cohesión comunitaria.
Explica que entre los trastornos mentales más comunes que afectan a las y los niños se encuentran el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la ansiedad y depresión, los cuales pueden tener un impacto significativo en la vida diaria y el desarrollo general de la niñez.
Menciona que el marco jurídico nacional reconoce el derecho a la salud y al desarrollo integral en el artículo 4° constitucional; sin embargo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes carece de un desarrollo normativo específico en materia de salud mental, lo que ha derivado en políticas públicas fragmentadas e insuficientes y en desigualdades entre entidades federativas.
Señala que la ausencia de prevención y atención temprana incrementa la prevalencia de trastornos emocionales, conductas autolesivas, consumo de sustancias, violencia y riesgo suicida, afectando de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes en contextos de pobreza, violencia o marginación.
Puntualiza que la infancia y adolescencia son etapas críticas del desarrollo humano, ya que en ellas se consolidan habilidades cognitivas, emocionales y sociales que determinan el bienestar presente y futuro. Asimismo, la omisión o atención tardía de los problemas de salud mental genera impactos en el desempeño escolar, integración social y capacidad de construir proyectos de vida dignos.
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