Mientras la titular de la SEDATU firma compromisos de «cero tolerancia» al acoso y la corrupción, en su oficina particular opera Alonso Cacho Silva, señalado en múltiples denuncias por hostigamiento y abuso de autoridad.
El contraste no podría ser más evidente. En noviembre de 2024, Edna Elena Vega Rangel encabezó la firma del pronunciamiento «Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual» en la SEDATU, declarando que «no basta con tener protocolos y mecanismos, el cambio verdadero requiere nuestra voluntad y compromiso».
Sin embargo, a escasos metros de su despacho, Alonso Cacho Silva continúa desempeñándose como jefe de oficina, pese a las denuncias que lo señalan por presunto hostigamiento laboral y sexual, consumo de estupefacientes en horario laboral y un entorno de trabajo basado en amenazas y descalificaciones.
¿Cómo explicar esta contradicción? ¿Acaso la secretaria desconoce lo que ocurre en su propia oficina? ¿O su compromiso contra la violencia laboral aplica para todos, excepto para su círculo más cercano?
Las víctimas que han intentado denunciar enfrentan un sistema que, desde dentro, las silencia. Y mientras tanto, quien debería garantizar entornos seguros mantiene en su puesto a un señalado por las mismas conductas que dice combatir. La ética pública no puede ser selectiva.
