El gobernador de Nuevo León, Samuel García, desató una nueva controversia al descalificar públicamente el amparo federal obtenido por la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) dentro del conflicto que mantiene con su administración.
La declaración, en la que aseguró que la resolución judicial “para mí no vale”, fue difundida por la revista Proceso, que documentó el escalamiento del caso y sus implicaciones legales y políticas. De acuerdo con el reporte, el mandatario negó que exista un intento de extorsión contra la empresa, pese a la difusión de un audio en el que el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez Ríos, aparece como intermediario para gestionar un “pago fuerte” a cambio de permitir la operación de la pedrera.
El Gobierno estatal ha insistido en que el conflicto se limita al cobro del impuesto ambiental y a supuestos adeudos por parte de la compañía. «No hay nada de corrupción, no hay nada de extorsiones. Desgraciadamente un juez que ya salió, antes de salir en agosto amparó a algunas (pedreras) ilegalmente y ahorita algunas, excusándose que tienen una suspensión, dejaron de pagar», expresó.
Sin embargo, el punto que generó mayor inquietud fue la postura del Ejecutivo frente a las resoluciones del Poder Judicial. Al referirse a las suspensiones obtenidas por algunas pedreras, García afirmó que el Gobierno estatal decidió desconocer sus efectos, al considerar que fueron otorgadas de manera irregular. La declaración ocurre a pesar de que la empresa ha exhibido documentación oficial en la que la propia Tesorería estatal certificó que no tenía incumplimientos fiscales.
«De repente en diciembre traíamos adeudos de 500, 600 ó 700 millones por un supuesto amparo», añadió, «¿qué pasó?, que hablamos con todas y les dijimos: oigan, ese amparo para mí no vale».
La afirmación resulta particularmente relevante por el perfil académico del gobernador. Samuel García es licenciado en Derecho y Finanzas, cuenta con una maestría en Derecho Público por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y posee doctorados en Política Pública y Administración Pública, así como en Derecho Fiscal. Aun así, su postura ha sido interpretada por actores del sector empresarial como una señal de confrontación con el marco jurídico y una fuente de incertidumbre para la inversión.
El caso se desarrolla en un entorno complejo. A la disputa legal y administrativa se suma el clima de inseguridad que prevalece a nivel nacional tras los hechos violentos registrados el fin de semana, derivados de la captura y abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que provocaron bloqueos y enfrentamientos en diversas entidades.
Especialistas advierten que la combinación de conflictos entre autoridad y empresas, junto con un contexto de violencia, genera una percepción de riesgo que preocupa ante la proximidad del Mundial de la FIFA, del que Nuevo León será sede.
