Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas
En México carecemos de avances significativos en la digitalización mientras aparece una propuesta de identificación biométrica para los ciudadanos. ¿Cómo debemos ver este contrasentido?
Por una parte México ocupa el lugar 59 de 67 países en el Ranking de Competitividad Digital Mundial 2024 (IMD), lo que muestra rezagos en infraestructura y talento, pero también aparece la oportunidad de acelerar la transformación digital como motor de competitividad y desarrollo.
La digitalización aporta tres beneficios cruciales a la economía pública y general.
1.Optimiza la eficiencia y reduce costos para el Gobierno y los ciudadanos, ya que la automatización de trámites y la eliminación de procesos manuales liberan recursos que pueden ser redirigidos.
2.Mejora la transparencia y combate la corrupción al reducir la interacción personal y crear registros digitales inmutables, lo que fomenta la confianza en las instituciones.
- Una economía basada en datos, al ser más ágil, impulsa la competitividad y la innovación.
Esto crea un terreno fértil para el emprendimiento, el desarrollo de nuevos servicios y la atracción de capital, transformando la administración en un verdadero motor de prosperidad.
Un estudio del Banco Mundial (pág. 50), publicado en 2023, plantea que un aumento del 10% en la penetración de la banda ancha puede impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 3.19 puntos porcentuales en las economías en desarrollo de Latinoamérica.
Asimismo, una ampliación del 50% en la adopción de soluciones digitales por parte de las administraciones tributarias podría aumentar la recaudación del impuesto al valor agregado (IVA) en un 1.7% del PIB en los países en desarrollo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hay que señalar que, entre 2000 y 2010 se sentaron las bases de la modernización fiscal en México, lo que permitió un aumento del 95% en la recaudación entre 2010 y 2016.
Gracias a la digitalización, la relación entre la recaudación y el PIB pasó de 12.6% a 16.2% de 2012 a 2017, ampliando la base imponible en 150% y redujeron la evasión del 35% al 16%.
Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disminuyó en 57% el costo de recaudación y elevó en 117% los ingresos por auditorías.
Estos datos resaltan cómo la infraestructura digital no es un gasto, sino una inversión.
Pero al unísono aparece el afán de vincular la identificación del ciudadano a la biometría. La tensión aparece con temas como derechos, vigilancia y exclusión
Biometría y controversia: La identificación biométrica (huellas, rostro, iris) genera inquietudes sobre privacidad, vigilancia estatal y posibles exclusiones tecnológicas.
Desigualdad digital: No todos los contribuyentes tienen acceso o habilidades para navegar plataformas digitales, lo que puede generar nuevas formas de marginación.
Presunción de culpabilidad: Algunos mecanismos automatizados pueden invertir la carga de la prueba, presumir inexistencia de operaciones sin suficiente contexto humano.
Entonces debería responderse si el cambio digital ¿Honra la autonomía del contribuyente?, ¿fortalece la justicia sin violentar la intimidad? Y ¿permite que la fiscalidad sea un acto de corresponsabilidad, no de vigilancia?
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