Ciudad Juárez, en el radar del gobierno de Estados Unidos

Fuentes anónimas del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que la DEA (Administración de Control de Drogas) habría iniciado una investigación formal contra el alcalde Cruz Pérez Cuéllar por presuntas operaciones de lavado de dinero ligadas al crimen organizado en la frontera norte de México.

La investigación incluiría una revisión detallada de cuentas bancarias en Texas, Nuevo México y Nevada, presuntamente vinculadas al edil y a su círculo cercano. De acuerdo con una fuente federal no identificada, movimientos financieros “atípicos y en efectivo” habrían llamado la atención de autoridades estadounidenses desde 2023.

“Hay indicios de triangulación de recursos, ingresos no declarados y transferencias a nombre de terceros. No podemos confirmar aún una acusación formal, pero la investigación está en curso”, dijo la fuente bajo condición de anonimato.

Sospechas en aumento tras ola de violencia

La presunta indagatoria ocurre en medio de una escalada de violencia en Ciudad Juárez, donde en lo que va de julio se han registrado más de 39 homicidios, muchos de ellos en zonas ya identificadas por las autoridades como focos de narcomenudeo.

Los señalamientos contra Pérez Cuéllar no son nuevos. En múltiples ocasiones, críticos locales han acusado al alcalde de minimizar la violencia, incluso después de jornadas sangrientas. El propio funcionario declaró recientemente que “estos hechos son entre ellos”, en referencia a enfrentamientos entre bandas criminales.

Esta postura ha generado indignación entre ciudadanos, colectivos de derechos humanos y empresarios fronterizos, quienes acusan al edil de omisiones graves, cuando no de complicidad directa con grupos criminales.

Cuentas offshore, propiedades y vínculos políticos

Según los datos obtenidos extraoficialmente, la investigación de la DEA también incluiría una serie de propiedades en El Paso y Albuquerque, presuntamente registradas a nombre de familiares cercanos y socios políticos del alcalde.

Además, habría registros de empresas fachada utilizadas para justificar movimientos financieros por montos superiores al millón de dólares.

Las autoridades mexicanas, hasta el momento, no han emitido ninguna postura oficial, aunque trascendió que el caso ya estaría en conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.