La Corte Suprema de Estados Unidos evalúa este jueves si un juez puede bloquear a nivel nacional un decreto del presidente Donald Trump, luego de que varios frenaran su intento de abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento. El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadunidense es ciudadana. El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideran inconstitucional.
Trump suele arremeter contra los magistrados cuando le llevan la contraria. En su red Truth Social calificó de «jueces de izquierda radical» a aquellos que emiten medidas cautelares a nivel nacional.
Podrían «¡conducir a la destrucción de nuestro país!», dijo sobre los jueces que, según él, «quieren asumir los poderes de la presidencia, sin tener que alcanzar los 80 millones de votos» en las urnas.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación, su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, de los cuales seis son conservadores. Le pide que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.
«La necesidad de la intervención de esta Corte se ha vuelto urgente a medida que las medidas cautelares universales han alcanzado niveles de tsunami», consideró el asesor jurídico de la administración, John Sauer, quien argumentará el jueves a favor de Trump en la vista. «Las medidas cautelares dañan irreparablemente nuestro sistema de separación de poderes al prohibir al poder ejecutivo llevar a cabo una política fundamental del presidente», añadió.
Otros presidentes se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo. Hay un motivo para ello, explica Steven Schwinn, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Illinois en Chicago.
Los dos grupos que desafían el decreto de Trump, CASA y ASAP, consideran que el intento del gobierno de limitar la aplicación del fallo carece de sentido, sobre todo en el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La orden judicial universal «en este caso preserva la uniformidad de la ciudadanía de Estados Unidos» porque que un niño sea ciudadano «no debe depender del estado donde nace», sostienen.
Si la Corte Suprema se pone de parte de Trump «un bebé sería ciudadano de Estados Unidos y miembro de pleno derecho de la sociedad si naciera en Nueva Jersey, pero un extranjero expulsable si naciera en Tennessee», ponen como ejemplo.
Plantea otro problema. Los demandantes que quieren una orden judicial nacional podrían plantear los recursos ante los tribunales que creen que serán comprensivos. Los conservadores que querían prohibir la píldora abortiva utilizaron eficazmente esta táctica durante el mandato del expresidente demócrata Joe Biden, ya que presentaron la demanda ante un juez de Texas nombrado por Trump que se oponía al aborto.
Independientemente de lo que decidan los jueces sobre las medidas cautelares a nivel nacional, se espera que el tema de si Trump puede poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento acabe en la Corte Suprema «probablemente más temprano que tarde», opina Schwinn.
