Después que un panel de resolución de disputas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló el 20 de diciembre pasado a favor de la Unión Americana en una controversia relacionada con el uso del maíz genéticamente modificado, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, expresó que el alegato de los “gringos” contra el decreto presidencial de nuestro país emitido el 13 de febrero de 2023 en el marco de dicho pacto comercial tripartita fue precedido por otro decreto que se publicó en 2020 y por otras políticas impulsadas por el gobierno federal entre 2018 y 2024.
Tras ello, este grupo que nació en 2007 manifestó que tanto el T-MEC como la determinación del panel están diseñados principalmente para proteger los intereses de las corporaciones transnacionales, en lugar de priorizar los derechos de la población mexicana o la sostenibilidad del medio ambiente.
“En este contexto, la controversia planteada revela una preocupación a nivel global: el riesgo que los alimentos genéticamente modificados representan para la salud humana y ambiental. Razón por la cual el gobierno mexicano ofreció a EU realizar una evaluación de riesgos conjunta que cubriera las necesidades de ambas poblaciones, lo que EU se negó a realizar por considerarla innecesaria. También evidencia los riesgos que representa que los alimentos básicos sean parte de los tratados comerciales y sean considerados como una mercancía y no como un bien prioritario para la humanidad”, lamentó dicha campaña en un comunicado.
RECONOCEN LABOR NACIONAL
Y es que el panel reconoce que «México está tratando de abordar preocupaciones genuinas de buena fe», pero sugiere que el país realice nuevamente el proceso administrativo correspondiente, asegurándose de que las medidas sean efectivas y que los resultados se presenten a las partes involucradas.
Por lo tanto, si las autoridades de nuestra nación deciden acatar la resolución, no deben modificar su política, sino enfocarse en consolidar un proceso administrativo sólido que evite futuras quejas.
“Durante casi 30 años, los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos y en la biodiversidad de nuestros cultivos se han hecho evidentes. México ha recopilado la información científica necesaria, que fue presentada y reiterada en la resolución del panel, además de contar con los peritajes pertinentes. Lo que está en cuestión no son los fundamentos ni las medidas, sino un aspecto puramente administrativo. Además, desde hace casi una década (9 años), la agroindustria tiene la posibilidad de realizar todos los estudios científicos para evaluar los efectos a la salud y al medio ambiente por la siembra de maíz genéticamente modificado en México, bajo supervisión judicial y de la colectividad demandante. Al día de hoy se ha rehusado a realizar cualquier estudio”, enfatizó la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.
UN PANEL INEXPERTO
Lamentó que el panel esté integrado por tres expertos en comercio internacional y aspectos legales vinculados con procesos comerciales. “No son científicos ni especialistas en salud pública o ambiental. Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por Estados Unidos contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país. Cabe recordar que México, además de ser un centro de origen y diversificación constante del maíz, tiene este cereal como base de su dieta y cultura”, sostuvo en su texto dicho grupo conformado por más de 300 organizaciones campesinas.
Tras ello, mencionó que el panel no tiene la legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo. “Por ello, bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México”, anotó.
Abundó que aunque el resultado del panel no favorece a México, el país reafirma su compromiso de proteger la salud pública y el ambiente frente a los riesgos asociados con el maíz transgénico, por lo que remarcó que es fundamental que las empresas biotecnológicas logren demostrar que el maíz genéticamente modificado es seguro para su consumo humano en la industria de la masa y la tortilla en México, y también que el gobierno de Estados Unidos realice evaluación sin conflicto de interés sobre la inocuidad de los organismos genéticamente modificados.
Finalmente, dijo que las acusaciones de que el decreto obstaculiza el libre comercio carecen de fundamento, dado que las importaciones de maíz han crecido en los últimos años, concentrándose principalmente en grano destinado al consumo animal.
