Negar a las mujeres, niñas y personas gestantes el derecho al aborto es un acto de violencia y una forma de discriminación que atenta contra los derechos humanos y reproductivos, señala Human Rights Watch.
En el marco del Mes de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre la Organización de Naciones Unidas (ONU), precisa que la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo, con aproximadamente 736 millones de mujeres que han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida que pudo haberse manifestado como:
· Violencia por un compañero (a) sentimental a través de violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal e incluso feminicidio.
· Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso infantil, matrimonio forzado, maternidad forzada, acecho, acoso callejero y acoso cibernético).
· Trata de personas (esclavitud, explotación sexual)
· Mutilación genital y matrimonio infantil.
Sin embargo, en países como México la violencia contra las mujeres y las niñas es invisibilizada por un sistema judicial que facilita la impunidad de los perpetradores sin leyes que castiguen o den seguimiento a los delitos, provocando doble victimización de las mujeres.
De acuerdo a la ONU, las secuelas psicológicas derivadas de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para la salud sexual y reproductivas afectan a las mujeres en todas las etapas de su vida.
En este contexto, la violencia en las niñas es un fenómeno recurrente en México como señalan los datos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en niñas y adolescentes que apuntan que, en el 2020, se registraron 8 mil 876 nacimientos de menores de 14 años, producto de matrimonios arreglados, pobreza extrema y la violencia sexual, y el 98% de estos nacimientos fueron de madres de entre 13 y 14 años, fenómeno que es más frecuente en Chiapas, Tabasco, Coahuila y Guerrero.
El embarazo infantil que ocurre en niñas menores de 14 años, ha sido definido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) como un problema de salud mundial debido a las consecuencias que tiene para las mujeres de este sector de la población, sus hijos e hijas y en general, para el desarrollo de los países.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), ha abordado el problema del embarazo infantil desde 2016, considerándolo como un problema de salud pública y derechos humanos, para volver visible lo invisible y colocar en la agenda pública el problema del embarazo infantil forzado ligado a la violencia de miles de niñas de América Latina y el Caribe que quedan embarazadas como producto de un abuso.
Aunque todas las mujeres son susceptibles de sufrir violencia en todas partes del mundo existen grupos particularmente vulnerables como son: las niñas, las mujeres mayores, lesbianas, bisexuales, transgénero, intersexuales, migrantes, indígenas con VIH, discapacitas o aquellas que atraviesan crisis humanitarias; para ayudar a estas personas Telefem ayuda a conectar con especialistas y dar información precisa y científica sobre la interrupción del embarazo.
Telefem es una organización sin fines de lucro que garantiza el acceso para todas las personas a un servicio de calidad seguro, digno y accesible en términos económicos para reducir la incidencia de abortos inseguros y sus consecuencias devastadoras brindando servicios de salud reproductiva al alcance de la población.
Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la organización Telefem para recibir orientación médica a través de la página telefem.org o en su WhatsApp el cual se encuentra en la misma página, para dar seguimiento a dudas y recibir información precisa y científica, de forma anónima y confidencial.
