La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, defendieron la validez de la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta aclaración se produjo tras las críticas surgidas por la aparente contradicción entre los artículos 94 y 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen reglas diferentes para la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Godoy respondió a las críticas afirmando que no existe confusión alguna y que la reforma es totalmente válida.
“Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma. No hay ninguna confusión, ninguna posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida”, aseveró.
Artículos transitorios
Para resolver esta aparente contradicción, Godoy subrayó que el artículo transitorio décimo segundo de la reforma es clave, ya que estipula que se derogarán todas las disposiciones que se opongan al nuevo decreto.
Arturo Zaldívar, quien ha sido una figura central en la discusión del Poder Judicial, apoyó los argumentos de Godoy, añadiendo que este tipo de antinomias son comunes en todo el mundo y pueden resolverse a través de criterios interpretativos.
“Estas aparentes contradicciones cuando hay una reforma son frecuentes, no sólo en México, en cualquier país del mundo”, aseguró
Críticas por incosistencias
Las críticas en torno a la reforma surgieron luego de que medios de comunicación y algunos sectores de la oposición señalaran inconsistencias en la redacción del documento legislativo.
En particular, se argumentó que los legisladores, en su mayoría pertenecientes a Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), pasaron por alto la relación entre los artículos 94 y 97
La reforma al Poder Judicial entró en vigor el pasado 16 de septiembre y establece, entre otras cosas, que la presidencia de la SCJN será ocupada por quien obtenga la mayor cantidad de votos entre los ministros, con una rotación cada dos años.
Este cambio, según el gobierno federal, busca fomentar una mayor transparencia y equilibrio en la elección de los líderes del máximo tribunal.
