La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que el paro de labores del Poder Judicial está afectando la seguridad pública del país.
En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que debido a esta suspensión de actividades, no se pueden emitir órdenes de aprehensión contra delincuentes, ya que solo se están atendiendo los casos de detenciones en flagrancia.
“El paro del Poder Judicial afecta a la seguridad. ¿Cómo, si está en paro un juez, se puede pedir una orden de aprehensión? Porque ahora solo operan para asuntos de detenciones en flagrancia”, declaró Sheinbaum Pardo durante su intervención.
La presidenta también explicó que este paro está afectando el trabajo de las áreas de seguridad y de la Fiscalía, las cuales realizan investigaciones y presentan las carpetas correspondientes a los jueces para solicitar órdenes de aprehensión.
Sin embargo, al estar los jueces en paro, los delitos del fuero federal quedan sin una adecuada respuesta judicial.
“Para detener a un delincuente, las áreas de seguridad hacen su trabajo, la Fiscalía hace sus carpetas de investigación y las presenta a un juez para que este dé una orden de aprehensión. Pero si los jueces federales están en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal?”, enfatizó Sheinbaum.
Asimismo, criticó que los jueces continúen recibiendo su salario íntegro durante el paro.
“Está bien que están en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando? Los jueces ganan 130 mil pesos mensuales, siguen cobrando sus 130 mil pesos, pero están en paro. Además, no tiene razón de ser”, señaló la mandataria.
A pesar de esta situación, Sheinbaum Pardo aseguró que los derechos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro están completamente garantizados.
El paro de labores en el Poder Judicial, iniciado el pasado 21 de agosto, se prolongará hasta el 11 de octubre, según lo decidido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En una sesión extraordinaria, el CJF votó a favor de mantener la suspensión de actividades, con cuatro votos a favor y tres en contra.
Durante este periodo, los órganos jurisdiccionales federales y las áreas administrativas continuarán inactivos, salvo en los casos que se consideren urgentes.
Esta extensión del paro coincide con la admisión de una impugnación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada por jueces y magistrados en contra de la reforma que propone que los jueces y otros cargos del Poder Judicial sean elegidos por voto popular.
El objetivo de la impugnación es que la SCJN determine si la reforma es compatible con los principios judiciales y constitucionales, como la independencia judicial, la división de poderes y las garantías inherentes al Estado de Derecho.
