A nueve años de la llamada noche de Iguala, que culminó con la desaparición de los 43 normalistas, el Gobierno Federal, en conjunto con la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa reveló un nuevo informe en el cual se reconoce la existencia de vínculos entre elementos del Ejército Mexicano y la organización criminal conocida como “Guerreros Unidos”.
El informe titulado “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada” destaca que estos vínculos entre militares y el mencionado cártel fueron descubiertos a través de testimonios y evidencias proporcionadas por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos.
Según el documento, se establece una conexión entre algunos miembros de la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con “Guerreros Unidos”.
Entre los mencionados se encuentran el entonces Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el Capitán José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón.
Según el informe, estos elementos habrían recibido dinero del cártel, suministrado armas y municiones, facilitado el tráfico de drogas y brindado protección al grupo delictivo.
Esto plantea interrogantes sobre el alcance de la colaboración entre algunos miembros del Ejército y organizaciones criminales en la región.
Por otro lado, el informe también aborda las circunstancias en torno a la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Según las autoridades, este trágico suceso fue resultado de una confusión por parte de “Guerreros Unidos”, que habrían creído que los estudiantes estaban relacionados con el cártel rival “Los Rojos”.
Además, se mencionan otras causales, como la intención de dar un escarmiento a los estudiantes después de las protestas en Iguala y la posible presencia de drogas, armas o dinero en los autobuses tomados por los normalistas.
El informe fue presentado a los padres de los normalistas, quienes expresaron su desacuerdo con el mismo, argumentando que se asemeja a la llamada “verdad histórica” presentada previamente por el ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam.
Cabe recordar que una investigación de The New York Times difundida a inicios de septiembre, que consultó “23 mil mensajes de texto inéditos, declaraciones de testigos y documentos de investigación”, aseguró por su parte que el cártel tenía sometidos bajo amenaza o sobornos a policías, militares y funcionarios de todo nivel.
Actualmente están detenidos el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del Ejército y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas.
Los familiares de las víctimas acusan al gobierno de no haber entregado toda la información que posee sobre los eventos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (estado de Guerrero, sur).
