El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
De acuerdo con el proyecto de sentencia de Gonzáles Alcántara hizo, la reforma publicada el 9 de septiembre de 2022 es contraria a la Constitución, que establece que la Guardia Nacional forma parte del ramo de la seguridad pública civil.
Se plantea invalidar el artículo 29, fracción XVI, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que faculta al Ejército para tomar el control de la corporación policiaca, así como anular el artículo 14 fracción III de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que el Comisario General de esta corporación sería nombrado a propuesta del titular de la Sedena.
El proyecto será sometido a discusión de los ministros la próxima semana; para declarar inconstitucional la transferencia de la GN a la Sedena se necesitan ocho votos, de acuerdo con fuentes del Alto Tribunal.
Gonzales Alcántara argumenta que considerar que la Guardia Nacional conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial cuando sus integrantes son militares en activo y sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar, resultaría en un fraude a la Constitución Federal.
El ministro enfatizó que la actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional y recordó que el artículo 129 constitucional establece que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Por tanto, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra en exclusiva a autoridades civiles.
El ministro Alcántara Carrancá subraya que la colaboración entre la Guardia Nacional y el Ejército no “genera una peligrosa cercanía” entre ambas, ni “aumenta las formas de intervención de organismos militares en las instituciones de seguridad pública, como argumentaron senadores de oposición que promovieron la transferencia.
