Los asesinatos de los activistas defensores de derechos humanos Eustacio Alcalá Díaz y Gustavo Robles Taboada, así como la desaparición de la defensora Esthela Guadalupe Estrada Ávila, fueron condenados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la ONU-DH en México, expresó que “estas tres personas, a través de sus acciones, defendieron ideales de justicia social e igualdad, así como los derechos a ser buscado y de los pueblos indígenas. A pesar de operar en contextos peligrosos, siguieron apostando por el poder transformador de los derechos humanos”.
En un comunicado, el organismo detalló que el activista, Gustavo Robles Taboada defendía los derechos de la comunidad LGBT e impulsó iniciativas en el estado de Morelos, como la defensa de los derechos de las parejas del mismo sexo y la promoción del matrimonio igualitario, pero fue asesinado el 28 de marzo de 2023, en el municipio de Cuautla.
Destacó que Eustacio Alcalá era defensor nahua del territorio y del medioambiente del estado de Michoacán, y logró obtener la suspensión de diversos títulos de concesión minera; fue privado de la libertad el 1 de abril cuando viajaba en carretera y su cuerpo fue encontrado el pasado 4 de abril.
Sobre Esthela Guadalupe Estrada Ávila la destacó como activista integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Luz de Esperanza” en Jalisco;junto con su madre, Azulema Yadira Estrada, buscaba a su hermano desaparecido en 2020. Desapareció la noche del 29 de marzo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y hasta la fecha no se conoce su paradero.
La ONU-DH, que expresó su solidaridad con las familias y amistades de los activistas, exhortó a las autoridades a conducir una investigación “pronta e imparcial” que agote todas las líneas de investigación, incluidas las relacionadas con su labor y que abarque a todas las personas presuntamente responsables, tanto materiales como intelectuales.
De 2014 a 2021 han sido ejecutados 124 defensores comunitarios del medioambiente en México y 58 en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018, de acuerdo con las cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
