Dos manifestantes más murieron este lunes en las protestas en Perú reclamando la renuncia de la flamante presidenta Dina Boluarte, lo que elevó a cuatro el total de fallecidos en las últimas 36 horas en el país pese a la propuesta de la mandataria de adelantar elecciones para abril de 2024.
Uno de los decesos del lunes ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la actuación policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto tomada por unos 1.500 manifestantes.
La otra muerte tuvo lugar en una marcha repelida por policías antimotines en Chincheros, en Apurímac, cuna de Boluarte.
“Efectivamente son tres en Apurímac y uno en Arequipa”, dijo a AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, al confirmar un saldo de cuatro muertes desde el domingo.
En Chincheros, los manifestantes consiguieron incendiar la sede de la fiscalía y una comisaría.
En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas, constató un fotógrafo de la AFP en el lugar.
La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas, añadió.
Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado el miércoles y posterior destitución por parte del Congreso. Fue reemplazado en la jefatura de Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y la iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida. El aeropuerto sigue cerrado, con decenas de pasajeros varados.
También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras.
El anuncio de la presidenta de que presentará al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024 no ha calmado a los manifestantes, que exigen la liberación de Castillo, el cierre del parlamento y nuevos comicios ya.
En un intento de frenar la ola de manifestaciones el gobierno cesó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”.
Mientras tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró “profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia”.
“Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación”, indicó en un comunicado emitido en Ginebra.
Tras indicar que intentará “lograr un acuerdo con el Congreso” para adelantar las elecciones a abril de 2024, Boluarte declaró el estado de emergencia en las zonas donde se registran protestas violentas.
Protestas en aumento
Las movilizaciones crecen desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.
En la sur andina Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos muertos y una veintena de heridos, entre ellos un policía, tras enfrentamientos el domingo durante la toma del aeropuerto por parte de manifestantes pro Castillo. La oficina de la ONU para los derechos humanos precisó que los muertos tenían 15 y 18 años y llamó a las autoridades a investigar.
El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado, reportó la radio RPP.
Miles de personas se movilizaron el fin de semana por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según la prensa.
Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
“Paro indefinido”
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas agitan los tambores anunciando un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo. Según el Frente Agrario, “no perpetró ningún golpe de Estado”.
El Congreso, dominado por la derecha, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal contra Castillo.
El expresidente fue detenido el miércoles por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.
Elecciones anticipadas
La atención está puesta en la reacción del Congreso a la propuesta de elecciones anticipadas, pues implica que ellos recorten su mandato en dos años.
Para recortar mandatos, como el presidencial y legislativo, se requiere hacerlo en dos legislaturas consecutivas, un proceso que puede durar hasta un año, según las leyes peruanas. Y para convocar a elecciones anticipadas es necesaria una reforma constitucional.
Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, un 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.
